Se acaba de cumplir el primer mes del gobierno de Gustavo Petro, en el que a la par que alcanza un índice de popularidad del 56% también logra consolidar un respaldo parlamentario en el Congreso de la República cercano al 70%, con solo el Centro Democrático, Verde Oxígeno y Liga de Gobernantes Anticorrupción como partidos de oposición y los movimientos Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y Dignidad como independientes a su administración. Todos los demás, liderados por el Pacto Histórico, se declararon en la bancada gobiernista, incluyendo a los partidos Conservador, Liberal y La U.
Eso le va a permitir al mandatario aprobar sin mayores obstáculos el paquete de proyectos que llevará durante la presente legislatura, entre los que se encuentra la reforma tributaria, además de otras iniciativas controversiales que ya han sido anunciadas por el mandatario. Si bien la declaratoria de partidos de gobierno no obliga a esas colectividades a votar todo a favor de Petro, sí envía un mensaje de poder y de mayorías que no será fácil vencer a la hora de las votaciones. De hecho, tendría el respaldo de 79 de 108 senadores y de 140 de los 187 representantes a la Cámara.
Además del respaldo natural proveniente de la Unión Patriótica, Colombia Humana, Polo Democrático, MAIS, ADA, Comunes y el Partido Verde, parece que el papel de Roy Barreras en la Presidencia del Congreso está dando sus frutos. En este marco es preocupante que partidos tradicionales, como el Conservador y el Liberal, se acomoden en la nueva estructura de gobierno, seguramente a cambio de dádivas y burocracia, y que pueda más el apetito politiquero que la coherencia ideológica, o la simple sensatez democrática de ejercer la crítica ante delicados asuntos nacionales que serán llevados al Congreso.
El único bálsamo ante este panorama es que los partidos contrarios al gobierno, gracias a lo estipulado en el Estatuto de la Oposición, podrán acceder a medios de comunicación oficiales y tendrán derecho a la réplica ante los discursos presidenciales, con el fin de dar a conocer argumentos en contra de las exposiciones gubernamentales, lo cual ayudará a generar una especie de contrapeso ante la opinión pública.
Durante este mes la administración de Petro no ha estado desprovista de polémicas por declaraciones de algunos funcionarios, algunos de los cuales evidencian inexperiencia o desconocimiento de algunos asuntos esenciales de sus carteras. Tales son los casos del ministro de Interior, Alfonso Prada, llamando al respaldo en las calles a la reforma tributaria, o de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que primero anunció importaciones de gas desde Venezuela y después pidió que los países más desarrollados se enfoquen en decrecer. La ausencia de Colombia en una sesión de la OEA en contra de Nicaragua también causó controversia.

Este primer mes también se ha caracterizado por el deseo de Petro de llegar a la llamada “paz total”, por lo cual ha dado pasos para allanar las posibles negociaciones con la cúpula del Eln y otras bandas criminales, asunto que debe ser tramitado con mucho cuidado, porque deben tomarse en cuenta los recientes asesinatos de policías, situación que es inadmisible.