Durante la reciente visita del fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, el funcionario internacional fue claro en el respaldo a la Justicia Especial para la Paz (JEP), e incluso le pidió al presidente Iván Duque comprometerse con un mayor respaldo y una mejor financiación de todas las tareas que esa jurisdicción transicional debe desarrollar. Desde ese organismo multilateral se observa a la JEP, creada por el acuerdo de paz con las Farc, como fundamental para romper la cadena de violencia que por décadas ha sufrido Colombia, y construir la paz.
Algunos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado que son revisados por la JEP también son examinados por la CPI, con el propósito de establecer, si es el caso, responsables que deban responder a la sociedad colombiana, pero siempre en este marco con el objetivo de romper el círculo vicioso de la guerra y establecer sólidos lazos de reconciliación que eviten la reactivación de viejos conflictos. No se puede perder de vista que hay cerca de 9 millones de víctimas que esperan respuestas.
Es muy importante el trabajo en equipo entre la JEP y la CPI para lograr que ninguno de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano quede impune. Los perpetradores de delitos de lesa humanidad deben tener claro que, si no acuden a la justicia transicional que se les ofrece en el país a confesar de manera clara sus responsabilidades en estos asuntos, más adelante podrían enfrentarse a posibles juicios condenatorios, sin beneficios, ante la CPI.
Ahora bien, Khan también anunció la semana pasada que ese tribunal internacional cerrará el proceso de examinaba de manera preliminar, desde el 2004, numerosas denuncias por crímenes de guerra (desde el 2009) y de lesa humanidad (desde el 2002), en los que estuvieron involucrados el Ejército, la extinta Farc y grupos paramilitares. Esa determinación debería allanar el camino para que los autores de estos crímenes vayan a la JEP a contar lo que saben y ayuden a esclarecer lo ocurrido, y así contribuyan a dejar atrás la amarga página de violencia que hemos padecido.
Es necesario que el compromiso asumido por el actual gobierno se vea reflejado en un respaldo real a la JEP, en lugar de nuevas talanqueras, pero más importante que eso es que quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022 cumpla lo pactado con la CPI y dé un apoyo irrestricto a la justicia transicional, para que cumpla cabalmente su tarea. También hay que tener en cuenta que ha pasado ya un buen tiempo y aún no se tienen decisiones que sancionen de manera clara a los exjefes guerrilleros. Igual ocurre con otros protagonistas del conflicto armado que deberían empezar a ver resuelta su situación judicial.

Ahora bien, debe tenerse claro que los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los años recientes es un punto que requiere investigaciones a fondo en Colombia, en busca de los responsables, y en caso de comprobarse algún tipo de sistematicidad o patrones operacionales la posibilidad de que la CPI intervenga está abierta. Igual ocurre ante la posibilidad de que otros actores violentos cometan nuevos crímenes de lesa humanidad en el país.