Hay muchas críticas acerca de las tareas de un contralor, porque casi nunca se llega a resultados concretos en sus investigaciones y muy pocas veces se recuperan los dineros perdidos en actos corruptos de funcionarios públicos, sin embargo es aún más deprimente que haya transcurrido casi un año desde que empezó su escogencia en Caldas y todavía no se tengan resultados. Persiste en ese cargo la interinidad y no se observan posibilidades cercanas de que pronto se resuelva el embrollo.

El cambio en la elección de contralores se introdujo en la reforma al Régimen de Control Fiscal, a finales del año pasado. Ahora esa elección debe hacerse por convocatoria pública, y las tres personas que obtengan los mejores puntajes en pruebas académicas integran una terna de la que la Asamblea Departamental escoge al nuevo funcionario. Se atribuye a ese cambio en la norma la culpa de lo que está pasando. Sin embargo, no se entiende muy bien por qué en Manizales sí pudo hacerse la escogencia y en el Departamento no.

La norma citada busca que el periodo de los contralores no coincida con el de los gobernantes, como venía ocurriendo. Por eso, los escogidos recientemente solo estarán por 2 años, y a partir del 2022 volverán a la permanencia de 4 años. Eso significa que si, por fin, es posible destrabar el enredo actual quien llegue a ese cargo como titular permanecerá allí, por mucho, un año. Por lo pronto permanece en ese cargo, en calidad de encargado, el abogado Jorge Andrés Gómez Escudero, subcontralor de Juan Carlos Pérez, quien salió en marzo pasado.

De acuerdo con el cronograma establecido por la Contraloría General de la República, luego de las precisiones entregadas por el Consejo de Estado, el 10 de enero se cumplió el plazo para esa elección. Pese a que rápidamente aparecieron 50 aspirantes, el proceso comenzó a retrasarse cuando 5 de los inscritos que fueron inadmitidos presentaron recursos, por considerar que hubo fallas en la preselección hecha por una comisión de la Asamblea.

Vinieron luego la resolución de recursos jurídicos y la escogencia de la Universidad Nacional sede Manizales para hacer las pruebas, pero fueron apareciendo pleitos nuevos que llevaron a más retrasos. Aunque a finales de febrero se tenía previsto el examen, aparecieron nuevos escollos que no lo permitieron. En ese momento la situación de la pandemia de covid-19 obligó el estado de emergencia que paralizó todo. En junio se pensó que sería posible la prueba, pero la Universidad Nacional argumentó que no podría usar sus instalaciones por bioseguridad. Finalmente, para el 25 de septiembre estaba todo listo para el examen, pero dos días antes otro obstáculo jurídico obligó a suspender el proceso.

Hoy se tiene un limbo absurdo. Habrá que seguir esperando que el panorama se despeje para las pruebas, en lo que los puntajes solos no serán suficientes, ya que el Departamento Administrativo de la Función Pública debe aplicar un examen de integridad, sin puntos, y luego la entrevista en plenaria de la Asamblea para elegir contralor por votación política. Como están las cosas, solo hasta finales de este año habría nuevo contralor, si es que no aparecen más obstáculos.