Manizales y Caldas están otra vez enredados con la elección de los nuevos contralores. De acuerdo con la reforma nacional aprobada a finales del 2019, los actuales serían elegidos para dos años, y estaba previsto que terminaran su periodo mañana 31 de diciembre. Sin embargo, los retrasos en su elección a comienzos del 2020 en el caso de Manizales y hasta finales de ese mismo año en el caso de Caldas, generaron una situación confusa que aún no se resuelve.
Este año, ni en el Concejo de Manizales ni en la Asamblea Departamental, debido a toda clase de obstáculos, fue posible definir los sucesores de los actuales, que según lo establecido en la reforma aludida deberán permanecer cuatro años, con el propósito de que sus periodos no coincidan con los de los alcaldes y gobernadores a quienes les hacen control fiscal, y buscar con ello que tengan independencia ante el gobernante de turno.
No obstante, con lo que está ocurriendo, se corre el riesgo de que el propósito de los cambios en la norma no se cumplan. Incluso el actual contralor de Caldas, Jorge Andrés Gómez, tiene la osadía de argumentar que aún le faltan 11 meses de su periodo, porque su interpretación es que debe completar sus dos años “constitucionales” antes de entregar el cargo a su sucesor. Lo más paradójico es que, como están las cosas, debido a la suspensión de los procesos y a que las próximas sesiones de ambas corporaciones volverán apenas en marzo del próximo año, todo va a retrasarse mucho más.
En el caso de la actual contralora de Manizales, Jenny Constanza Osorio Vélez, la situación es que ella en buen uso de razón, pese a que no alcanzará a cumplir dos años en el cargo (lo haría en marzo), anunció que entregará mañana, como lo señala la norma. Así las cosas, el cargo quedará desierto hasta que el Concejo elija su sucesor. Lo cierto del caso es que las dificultades legales y administrativas en Asamblea y el Concejo impiden que este primero de enero puedan posesionarse los nuevos contralores, como sería lo legal.
Ambos procesos de selección, manejados con un cuestionado contrato con la Universidad del Atlántico, están suspendidos, debido a tutelas de aspirantes que se quedaron a mitad de camino y que consideran que hubo injusticias en su eliminación. Todo indica que será necesario que en enero o febrero haya sesiones extraordinarias en las dos corporaciones para tratar de evacuar este enredado asunto que, como se han dado las cosas, podría incluso complicarse más.
Lo que debería ocurrir, para tratar de cumplir con el propósito de la reforma a la elección de contralores es que este 31 de diciembre ambos funcionarios, Osorio y Gómez, se retiren de los cargos y dejen como encargados a los subcontralores mientras se lleva a cabo los procesos de elección de los nuevos funcionarios, quienes también deberán dejar sus cargos el 31 de diciembre del 2025, como está previsto. Algo diferente a esto, aprovechando un supuesto vacío legal, sería un camino muy contrario al propio sentido de la existencia de las contralorías.