El Gobierno Nacional ya está listo para convocar al Consejo Nacional de Estupefacientes, con el fin de recibir el aval para que regresen las aspersiones aéreas con glifosato en los cultivos ilícitos. Después del decreto presidencial con el que se le da vía libre al uso de este químico en Colombia, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunció de manera favorable y desde el Ministerio de Defensa se afirma que solo se espera terminar la etapa de comentarios al decreto para que las avionetas cargadas con glifosato despeguen.

 El Instituto Nacional de Salud ya entregó su concepto, que apunta a que en los diferentes escenarios en que se pretenda asperjar el glifosato se evalúen los riesgos, como lo señaló la Corte Constitucional en su sentencia del 2017. También parece haber garantías de que cuando las comunidades étnicas y campesinas puedan resultar afectadas con la aspersión es necesario ejecutar la consulta previa para lograr el visto bueno de los pobladores de esas zonas.

 Sin embargo, además de las posibles afectaciones para la salud humana y el medioambiente y para los cultivos legales, como lo han advertido la ONU y la OMS, el gran reparo que se le hace a este método es que se viene usando desde hace mucho tiempo sin que sus resultados puedan considerarse exitosos, al mismo tiempo que es demasiado costoso. Un estudio de la Universidad de Los Andes señala cómo para erradicar una hectárea de coca hay que fumigar unas 30 más, lo que cuesta unos 74.000 dólares. Así las cosas, retomar la aspersión aérea con glifosato no solo implicaría el gasto de una enorme cantidad de dinero que podría usarse de mejor manera en favor de la sustitución de cultivos, sino que el costo social, ambiental y de salud también es alto.

 Hay que reconocer que el problema no es el glifosato por sí mismo, ya que ese es un químico usado por gran parte de los agricultores del mundo y en toda clase de cultivos para controlar las malezas, sin mayores consecuencias para la salud. El gran problema es que se pretenda rociar el químico sin que pueda controlarse de manera precisa el lugar en que caerá. Si fuera posible el uso de drones o métodos que aseguren que solo serán afectadas las plantas de coca no habría problemas, pero tales procedimientos podrían resultar más costosas de lo que ya es el uso de avionetas.

 Durante el medio siglo que completa la lucha contra las mafias del narcotráfico la política aplicada no ha dado los resultados esperados, y no solo han crecido los cultivos ilícitos, sino que los capos de la droga se multiplican y crecen pese a los golpes que se les dan. Debería pensarse en caminos diferentes que sean más efectivos y menos costosos. Hay ejemplos en el país de políticas de sustitución en las que los campesinos se ven motivados económicamente a dejar a un lado la coca, y por esa senda se debería persistir.

Tal vez sea necesario pulir algunas políticas para que no haya lugar a que resurjan estos cultivos, pero es evidente que el paradigma actual es equivocado. Frente a un camino o el otro, en la balanza de los costos se refleja con lógica que el empeño de revivir la aspersión aérea puede ser un empecinamiento que sirva poco.