Hace cerca de un año surgió en el norte de Manizales un barrio de invasión llamado por sus habitantes Mirador de Samaria. Queda ubicado entre la Ciudadela del Norte y la reserva natural de Monteleón, y cada semana que pasa aumenta en extensión, densidad y número de pobladores, sin que se tenga ningún tipo de control, y sin que se establezcan mecanismos de solución para evitar que este sector de invasión siga creciendo. Hoy con 498 casas, ocupadas por cerca de 2 mil personas. Hace seis meses la población era cerca de la mitad de la actual.
Lo ocurrido allí evidencia la ausencia de políticas de vivienda que se ajusten a la realidad de numerosas familias que no cuentan con un techo digno y que aspiran a tenerlo en Manizales, pero también refleja la negligencia de las autoridades locales que deben actuar con celeridad para evitar este tipo de asentamientos humanos y sistematizar el apoyo que debe prestarse a familias de bajos recursos para que puedan gestionar su propio desarrollo de una manera que no derive en perjuicio para el medio ambiente y para el bienestar general.
Además de censos y encuestas, hay que buscar que se puedan proyectar soluciones realistas, y que las comunidades también aporten lo suyo a la concreción de soluciones, comenzando por entender que no pueden apropiarse, sin más, de terrenos públicos o privados que, en muchos casos, pueden tener problemas de estabilidad y no ser aptos para ser habitados. En la historia de Manizales se cuentan muchas tragedias en sectores populares, surgidos de la misma manera, y que en épocas de lluvias colapsaron.
Quienes conforman esa comunidad en Samaria, en donde numerosas personas de la tercera edad, mujeres cabeza de familia, personas con discapacidades y niños con problemas nutricionales, entre otros, requieren que haya una atención consistente en los ámbitos de salud, educación y acompañamiento en emprendimientos sociales y económicos que les ayude a superar sus problemas, sin que ello signifique que pueda avalarse su actitud invasora.
Incluso debería llegarse al acuerdo de regresar a donde estaban antes de surgir la invasión (como los barrios Fátima, San Cayetano, el Centro, El Aguacate o Comuneros), pero con las garantías de atención social y ayuda en la búsqueda de empleos para los jóvenes, por ejemplo.

Si bien ahora no se tiene en Manizales una entidad como la Caja de Vivienda Popular, sí deben estructurarse programas que puedan atender los requerimientos de techos dignos para estas personas, y buscar el apoyo del Gobierno Nacional para obtener subsidios y toda clase de opciones que se ajusten a las necesidades de estas personas, y al mismo tiempo garantizar que no aparezcan más invasiones.