La cadena perpetua vuelve a ser un tema que divide. Después de que el Congreso de la República aprobó un acto legislativo para imponer esta pena a los violadores de niños en el país y de que el presidente de la República la sancionó, la Corte Constitucional, en una decisión dividida, declaró inexequible esta norma por considerar que viola la dignidad humana y por tanto va en contra de la misma Constitución y de tratados internacionales de Derechos Humanos, que el país se ha comprometido a respetar en virtud de las circunstancias.

La dignidad es un derecho inalienable de los seres humanos y forma parte del corpus de nuestra Constitución y así haya muchas personas que quisieran que a algunos delincuentes, entre ellos los violadores de niños, no se les respetaran derechos, esas actitudes nos llevan a estar más cerca de pueblos bárbaros que a un Estado democrático, pues justamente entender que en nuestro país nadie puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes es aceptar que queremos un Estado que se aleje de la vieja Ley del Talión y que construya un sistema de justicia que busque realmente la resocialización de los delincuentes.

Es evidente que amenazar con penas más severas, incluso en épocas con la pena de muerte, a personas que cometen delitos que merecen el repudio de toda la sociedad atrae a los electores, pero no es responsable que se siga usando el derecho penal como argumento para ganar espacios políticos, porque es usar la última ratio del derecho como moneda de cambio para congraciarse con las mayorías. Un estado de derecho no puede ir tomando decisiones simplemente por emociones, sino que requiere razones. Los problemas de un país, como lo han dicho varios penalistas al reaccionar a la decisión, no pueden esperar que se solucionen por la vía penal. Todo lo contrario, es necesario buscar dónde están los detonantes de esos problemas y atacarlos de raíz, no al final cuando lo que se aplica es una venganza punitiva.

Al tomar la decisión de impedir el cambio en la Constitución, así hubiera sido aprobado por el Congreso con las formalidades adecuadas y avalado por el Gobierno, lo que hicieron la mayoría de magistrados de la Corte Constitucional es interpretar que ese cambio era estructural e iba en contra del espíritu de nuestra carta fundamental de derechos, que entre otras cosas se ha comprometido a respetar los tratados internacionales suscritos por el país en materia de Derechos Humanos.

Al hundir esta reforma, la Corte no está en contravía del precepto constitucional que ordena que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás nacionales. Son dos cosas distintas, claro que hay que caer con el peso de la ley contra quienes cometen crímenes contra los menores de edad, pero cuando se cumplen penas razonables y justas también se está logrando el propósito de buscar la responsabilidad del culpable. Es un tema netamente jurídico y de derechos y no puede permitirse que la política intervenga en las decisiones que solo deben atener a la razonabilidad y a justicia.