Las liquidaciones de Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como Medimás, Salud Vida y Coomeva, por ejemplo, tienen efectos negativos para las finanzas de las clínicas y hospitales de la región, que se quedan con carteras de difícil cobro, mientras que la Superintendencia de Salud se lava las manos acerca de la responsabilidad de pagar esas deudas. Con razón los gerentes de los hospitales públicos caldenses protestaron por este oscuro panorama, que afecta de manera grave su sostenibilidad financiera.

Pensar que solo Medimás se fue a liquidación dejando deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) caldenses por $204 mil millones, evidencia la magnitud del problema. La semana pasada estuvo en la ciudad el superintendente, Fabio Aristizábal, quien en lugar de hallar caminos de solución solo entregó evasivas y esquivó responsabilidades ante las dificultades de los hospitales.

Lo que están viviendo instituciones como el Hospital General San Isidro, el Hospital Santa Sofía y el Felipe Suárez, de Salamina, para solo mencionar algunos en la región, retrata la crisis que afrontan ahora, cuando a las carteras excesivas se suma que los contratos con otras EPS también afrontan dificultades para concretarse, y a que el modelo que permite que las aseguradoras privadas creen su propia red golpea a la red pública que solo se queda con las deudas, mientras pierden pacientes.

Es claro que la razón de ser del sistema de salud es brindar una atención digna a los pacientes de manera oportuna y con calidad. Los hospitales tienen la responsabilidad de atender a los usuarios que buscan los servicios, con la autorización de las EPS, es prestar sus servicios sin dilaciones y siguiendo los protocolos que sea efectivos para garantizar la salud de las personas. Por eso, sorprende que la Superintendencia trate de responsabilizar de las deudas a quienes prestan la atención y no a quienes reciben los recursos de las cotizaciones y autorizan la atención.

Ante este panorama que, en realidad, afecta a los usuarios, debe pensarse en la creación de mecanismos de cobro de deudas que sean realmente efectivos. La llamada Ley de Punto Final se quedó corta y solo permitió un flujo limitado de recursos, pero el problema mayor está sin resolver y creciendo. Si se revientan los hospitales, al no tener recursos para sostener las nóminas y los insumos médicos, el estallido afectará a los pacientes y es urgente reaccionar.
 
 Sería muy útil encontrar mecanismos para reasegurar esas deudas y que el dinero, finalmente, ingrese a los hospitales. Buscar una especie de coberturas financieras para la cartera de las EPS podría ser más económico que tener que castigar periódicamente los montos que les adeudan. También deben establecerse alertas tempranas sobre la solvencia de las EPS, de manera que no sea cuando entran en cesación de pagos o de actividad, cuando los hospitales se enteren de la alta probabilidad de impagos de las deudas contraídas con ellos.