No es la primera vez que caen directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a causa de actos corruptos en beneficio de presos que parecen tener el poder de dominar el sistema, probablemente con pago de favores. Esta vez el protagonista es el empresario Carlos Mattos, quien llegó a Colombia a finales del años pasado, extraditado desde España, para responder por varios delitos relacionados con sobornos a funcionarios judiciales para que lo favorecieran en su objetivo de mantener el manejo de la firma Hyunday en Colombia.

Ahora se conoce que salía de La Picota, como pedro por su casa, para atender reuniones y negocios personales en sus oficinas, como si nada, con el agravante de que personal del Inpec y los vehículos oficiales eran usados para tales diligencias, e incluso con la autorización de altos directivos de esa institución. Acostumbrado a buscar favorecimientos irregulares, aún no se tienen claras las motivaciones para que Mattos disfrutara de grandes privilegios.

Lo paradójico es que, si bien la reacción del Ejecutivo fue correcta al expulsar a los directores del Inpec y de La Picota (brigadier general Mariano Botero Coy y el coronel retirado Wilmer Valencia Ladrón, respectivamente), ya está claro que quien quedó encargado de la dirección de la entidad, Joaquín Darío Medrano Muñoz, también tendría responsabilidad en las salidas de Mattos. Una nueva pifia que debe llevar a reflexionar acerca de la vulnerabilidad del Inpec frente a la delincuencia.

Es lamentable que en Colombia casi todos los casos de corrupción se conocen gracias a denuncias en los medios de comunicación. Las mismas entidades y quienes las vigilan desde el Estado son incapaces de detectar y tomar medidas para sacar a los corruptos a tiempo, y a veces, cuando se identifica el problema, en lugar de atacarlo se hacen oído sordos. Esta vez fue Noticias Caracol, pero en el pasado otros medios y periodistas han revelado escándalos que evidencian la inoperancia de distintos órganos estatales.

Mattos, quien negocia con la Fiscalía una posible rebaja de la pena a cambio de información, estará ahora recluido en la cárcel de alta seguridad de Cómbita (Boyacá), donde se espera que reciba el mismo trato de los demás presos, sin que se generen nuevas situaciones vergonzosas como las que hemos visto. Con los nuevos hallazgos en su oficina, donde además de importantes documentos fue hallada una caleta con cerca de $150 millones en efectivo, debería llegarse a la conclusión de no dar beneficios y sumar nuevos delitos.

Se habla de la necesidad de liquidar el Inpec, y esa puede ser una salida, pero no es seguro que sea la mejor, porque se requiere de todos modos una entidad encargada de las cárceles en el país. Lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar las medidas que garanticen que la corrupción sea controlada allí, y que los funcionarios encargados no se pongan al servicio de la delincuencia.