Inhabilitar a la principal opositora a la Presidencia de la República, Cristiana Chamorro, con acusaciones de lavado de dinero sin tener suficientes pruebas, es la acción más reciente de Daniel Ortega, quien se ha perpetuado en el poder en Nicaragua desde el 2007 y, al parecer, pretende no permitir que alguien distinto lo suceda por vías democráticas. Las encuestas acerca de aspirantes a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre muestran a Chamorro como quien tiene la mejor opción de obtener el triunfo sobre la posible candidatura del actual mandatario.

Realizar un allanamiento a su casa en la madrugada del miércoles, y luego de unas cinco horas de registro dejar a la precandidata en detención domiciliaria, evidencia una extralimitación absolutamente irrespetuosa de una supuesta democracia. Hay que tomar en cuenta que la orden judicial surgió de la acusación de la Fiscalía por pedido del Ministerio de Gobernación. Igual ocurre con la inmediata expulsión del país de familiares de Chamorro. Ahora bien, es evidente que desde hace tiempo las acciones autoritarias y dictatoriales son la conducta predominante del mandatario en este país centroamericano, condenado al parecer a ser dirigido por populistas con regímenes de facto.

Lo que ocurre en Nicaragua es evidencia de las consecuencias de que el poder Ejecutivo coopte a los demás y tenga manejo directo de todas las esferas del poder público. De esa manera, bajo la apariencia de actuaciones independientes, un gobernante termina descabezando a todo aquel que se le oponga. Además, hay que recordar el antecedente de una vieja lucha entre dos familias de ese país, ya que Violeta Barrios de Chamorro, madre de Cristiana, derrotó en 1990 a Ortega cuando este buscaba ser reelegido después de su primer gobierno (1985-1990).

A Cristina Chamorro se le acusa, en forma burda, de lavado de dinero con los recursos de la fundación sobre libertad de expresión que lleva el nombre de su madre, pero detrás está la clara intención de Ortega de sacarla del camino. Esa es la razón por la que desde la comunidad internacional se viene rechazando con energía lo ocurrido con Chamorro y su familia. Si se tuviera la certeza de una investigación sin manipulaciones, con una fiscalía independiente y un eventual juicio con todas las garantías procesales, la reacción internacional sería diferente, pero de por medio está la intención de Ortega de mantenerse en el poder a cualquier precio.

Salta a la vista, sin mayores esfuerzos, que Ortega representa todo aquello contra lo que luchó a finales del siglo pasado. Hay que recordar que fue el líder opositor del grupo alzado en armas en contra del dictador Anastasio Somoza, y que su argumentación de entonces de luchar a favor de los pobres no fue más que un discurso efectista del momento, ya que desde que está en el poder sus prioridades cambiaron radicalmente. Son escandalosos su nepotismo y su enriquecimiento sin límite a costa de los nicaragüenses. Se demuestra que los populistas autoritarios de cualquier tendencia política siempre terminan comportándose de la misma manera.