El próximo 4 de septiembre los chilenos saldrán a votar si están de acuerdo con la Constitución redactada durante un año por un grupo de personas, mitad hombres y mitad mujeres, que han llevado a los 388 artículos de la nueva Carta y sus 54 normas transitorias, parte de esa conformación paritaria a todo lo largo. Un gran avance para un país que hasta hace muy poco no contemplaba nada de derechos a la igualdad de género en su texto constitucional. Además, un ejemplo para el mundo que es posible que empiece a permear en otras latitudes.
Esta es una Constitución que responde al estallido social que se propició en el 2019 cuando miles de manifestantes reclamaron para tener un país más incluyente, respetuoso de los derechos humanos y que piense con más responsabilidad en sus ciudadanos, pues la norma vigente aún es herencia de la transición y queda allí mucho del régimen autoritario implantado por Augusto Pinochet. Es interesante que apenas ahora se reconozca constitucionalmente que Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural, y esto da reconocimiento a 11 pueblos y naciones y les autoriza tener su autonomía administrativa, al estilo de los resguardos indígenas colombianos, incluso se permitirá que ejerzan juridicción judicial, asunto sobre el que nuestro país tiene ya larga tradicion. También se incorpora la consulta previa sobre temas que les atañen en su territorio, como la minería.
Chile reconocerá en esta nueva constitución el derecho para interrupción voluntaria del embarazo y también la protección para la maternidad y el parto, y en cuanto al Estado Social y Democrático de Derecho se propone un Sistema de Seguridad Social Público, financiado con rentas nacionales y cotizaciones obligatorias. En salud, se plantea un sistema también público, aunque deja la puerta abierta para que pueda apoyarse en operadores privados, pero con el control estatal. En cuanto al agua, en Chile esta podía ser privada. Ahora se propone que es un bien inapropiable por particulares y se establece como un derecho humano el acceso a ella, asunto de suma trascendencia en un país que tiene regiones en estado permanente de emergencia hídrica.
En lo político, aunque el régimen sigue siendo presidencialista empieza a limitarse, a pesar de contemplar la reelección presidencial por una sola vez. Los periodos se mantendrán de cuatro años y desaparece el Senado, pero se crea además de la Cámara de Diputados, que se encargará del trámite de las leyes con 155 integrantes, una llamada Cámara Regional, que se entenderá de las normas de acuerdo regional, algo que tendrá que esperar el desarrollo legislativo para entender mejor sus competencias y ver cómo la idea de una nación de regiones toma forma en las leyes mismas.

Al mirar el proceso de Chile, debemos ver con satisfacción que Colombia desde hace rato tiene elevados a rango constitucional muchos derechos que se estrenarán en la carta del país austral. Seguramente aún faltan cosas por desarrollarse en debida forma después de 30 años, pero el nuestro es un texto moderno, garante de los derechos humanos y sociales y pensado en función de un país pluriétnico y multicultural. Por eso es bueno ver estos avances constitucionales en otros países, para darnos cuenta de que el nuestro no necesita de una nueva Constitución, sino de corregir algunas cosas y aplicar muchas otras para lograr un estado liberal en el sentido amplio de la dignidad humana.