El presidente Iván Duque firmó la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo, tras el aval que la Corte Suprema de Justicia le dio al proceso. El excomandante de ese grupo criminal fue capturado en octubre del año pasado, acusado de actividades ilegales de narcotráfico y terrorismo, por las cuales es requerido por la justicia estadounidense, específicamente por las cortes de La Florida y de Nueva York.
Como también está acusado de crímenes en Colombia, donde hay múltiples víctimas suyas, Otoniel trató de evadir la extradición acudiendo primero a la Justicia Especial para la Paz (JEP), y buscando beneficios. No obstante, la determinación de la Corte hizo que el panorama cambiara. Como su ánimo es evadir responsabilidades y tratar de obtener beneficios, ahora exige que se les den visas estadounidenses a sus familiares para que lo puedan visitar, así como derecho a visita conyugal. Lo cierto es que se necesita sacarlo del país lo antes posible. 
De hecho, se calcula que tras la firma presidencial de ese procedimiento el exjefe del Clan del Golfo estaría siendo enviado a los Estados Unidos antes de que termine abril. Ahora bien, el aval de extradición vino acompañado de la condición de que las autoridades colombianas puedan mantener comunicación directa con él, de tal manera que se pueda conocer su versión acerca de los hechos en los que se generaron víctimas en nuestro territorio. Además, cuando Otoniel purgue su pena en el país norteamericano debe cumplirse su deportación a Colombia para que aquí se le juzgue.
Si bien es clave que se cumpla el tratado de extradición con los Estados Unidos, lo cual hay que ejecutar pronto ante el riesgo real de que ocurra su huída, como tanto se ha especulado, es fundamental que se les cumpla a sus víctimas con llevarlo a responder por sus crímenes en Colombia. No pueden repetirse episodios del pasado en los que peligrosos criminales extraditados terminaron negociando con la justicia estadounidense, saliendo libres en poco tiempo, y con la posibilidad de quedarse viviendo en ese país, sin tener que venir a responderle a la justicia colombiana.
Lo que tiene que hacer la JEP, bajo el nuevo esquema, es mantener comunicación con los jueces estadounidenses y lograr que Otoniel siga hablando acerca de su participación en crímenes que podrían haberse dado en medio del conflicto armado, y de esa manera continuar con el avance en este proceso, de tal forma que más adelante haya un juzgamiento que les permita a las víctimas encontrar justicia. 

De manera paralela a la extradición de Otoniel y el seguimiento de la justicia colombiana a sus acciones delictivas en Colombia, el Estado tiene la obligación de seguir actuando para capturar y juzgar a los criminales que lo reemplazaron en el Clan del Golfo hasta desarticular esa estructura de delincuencia que causa tanto mal en nuestro país. No solo se trata de ganarle la partida a este peligroso exjefe criminal, sino de acabar con una organización que crea tanta violencia, corrupción y abusos en Colombia.