El dictador nicaragüense Daniel Ortega se dispone hoy a refrendar su permanencia, ya exagerada, en el poder en ese país centroamericano, bajo el remedo de unas supuestas elecciones que son solo una máscara de una democracia inexistente. El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, evidencia que el mandatario, quien ya completa 14 años en el Ejecutivo, armó un escenario en el que los verdaderos opositores fueron encarcelados o expulsados de Nicaragua, y solo unos cómplices desconocidos competirán para perder y dar la apariencia de jornada democrática a la farsa de hoy.
Desde las revueltas de comienzos del 2018, cuando la excesiva represión oficial calló la voz de protesta de un pueblo que se levantó en su contra, Ortega afinó su procedimiento déspota e impulsó normas absurdas, bajo las cuales cualquiera que critique su régimen puede ser encarcelado por supuesta “traición a la patria”. Si en América Latina algún líder se ha extralimitado y ha pisoteado de manera flagrante el espíritu de la democracia, Ortega es el más descarado de todos, mientras que la comunidad internacional no reacciona con la contundencia que el caso merecería.
Esa libertad para abusar de la que goza Ortega ha llevado a que su régimen ignore los clamores de organizaciones de derechos humanos que han denunciado de todas las formas posibles las violaciones. Ahora que CIDH se pronuncia ahora de manera contundente se necesita que haya reacciones más fuertes y sólidas desde instancias internacionales, como la Unión Europea y los Estados Unidos. No sea que, por no ser Nicaragua un país estratégico desde el punto de vista petrolero, por ejemplo, lo que allí ocurre no concentre las mayores preocupaciones del mundo democrático.
Obviamente, la receta de las soluciones debe enmarcarse en lineamientos coherentes con una posible salida democrática, pero las presiones diplomáticas y económicas podrían ser más contundentes para que Ortega dé marcha atrás en su actuación autoritaria y hegemónica. Los pronunciamientos de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en los que se rechaza la represión, desapariciones forzadas y restricciones de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, deben ser apoyadas con determinación. Si se quiere debilitar el proyecto dictatorial de Ortega, quien tiene totalmente cooptados los poderes legislativo y judicial, además del sistema electoral, hay que ir más rápido y con mayor determinación.

La mayor probabilidad es que Ortega, y su esposa Rosario Murillo, como fórmula vicepresidencial, sean reelegidos hoy, gracias a su perverso montaje, pero el mundo debe reaccionar desconociendo ese supuesto mandato del pueblo, el cual será fruto de la manipulación y un plan antidemocrático. No puede haber medias tintas ante esta realidad, y actuar con decisión para detener las acciones autocráticas de este infausto gobernante. La ilegitimidad de su poder es algo en lo que no puede haber ninguna duda, y frente a lo cual debe tenerse una estrategia real, sin ambigüedades.