Desde el 2020, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) logró recuperar 59 cuerpos en los cementerios de Norcasia, La Dorada, Samaná y Victoria, en el oriente de Caldas, que corresponderían a personas que desaparecieron de manera forzada durante el conflicto armado, a finales del siglo pasado y comienzos del actual, y que terminaron sepultadas en esos lugares como NN, o sus restos, simplemente, en cajas sin identificar.

Por eso, además de lo hecho por esta entidad nacional, es importante el aporte de organizaciones civiles que ayudan con el cotejo de ADN de los posibles familiares. Una muestra de la dimensión del desafío es que solo en La Dorada hay un registro de al menos 537 víctimas de desaparición, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, al cierre del 2020 figuraban 4 mil 742 personas reportadas como perdidas en los 27 municipios caldenses, de acuerdo con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El pasado martes, en La Dorada, se realizó una audiencia pública en la que la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz (JEP) también mostraron cómo se avanza en ese difícil y doloroso proceso. En ese sentido se habló acerca de las medidas que protegen los cementerios de San Agustín y San Diego, en Samaná; San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en Victoria; Central de Norcasia y Central de La Dorada, ya que en esos lugares aún es posible hallar cadáveres de personas que fueron reportadas como desaparecidas, en medio de la guerra que se vivió en esos territorios hace unos años.

Hasta el momento, de acuerdo con Medicina Legal, solo tres cuerpos hallados en el cementerio de San Agustín, han sido identificados y entregados a sus familias: Francisco Javier Buitrago Quiceno, Pedro Pablo Molano Quiceno y Salomón Galvis. Otros dos, que corresponden a Luz Enith Hincapié Ospina y Alexánder Echeverry, todavía no se han entregado a su familia, pero se está en ese proceso.

Aunque el avance es poco, las familias ya pudieron descansar de la zozobra de la permanente espera y comenzar un proceso de duelo ante la certeza de que estas personas fallecieron. Obviamente, las circunstancias en que ocurrieron las cosas se desconocen, y apenas hay algunos indicios de lo que pudo haber ocurrido, los cuales deben servir para profundizar las investigaciones y acercarse a la verdad, pero ya se tiene por lo menos para sus familias el sosiego de saber su paradero.

Las labores de búsqueda han permitido encontrar errores e irregularidades en el manejo de los cadáveres, inconsistencias en la información ligada a esos cuerpos y posibles desvíos en las investigaciones alrededor de los responsables de esas muertes. Hay que recordar que este proceso hace parte del llamado Plan Regional del Magdalena Caldense, correspondiente a medidas cautelares solicitadas por el Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Lo fundamental de esta tarea es que, tras una larga espera, los familiares puedan recibir los cuerpos y poder despedir a sus seres queridos en una forma digna.