La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos el pasado martes al general retirado Paulino Coronado (quien fue comandante de la Brigada 30 del Ejército), a otros nueve militares y un civil por 120 asesinatos y 24 desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate entre el 2007 y el 2008 en el Catatumbo, Norte de Santander. De acuerdo con las investigaciones de ese tribunal alrededor de estos crímenes de lesa humanidad fueron quemados expedientes y creadas versiones con el propósito de evadir los procesos penales y disciplinarios. 
 Tras la decisión judicial, como un espaldarazo a esa medida, la Embajada de Estados Unidos “reconoció” la acción de la JEP como un mecanismo que obliga a los principales responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a que rindan cuentas sobre sus actos, con el objetivo de impartir justicia para las víctimas y garantizar la no repetición de estos delitos. Vendrán, por lo menos, otros cinco autos similares, que tienen como factor común que esta serie de asesinatos respondían a la presión por bajas de supuestos terroristas, para lo cual se idearon estrategias para cumplir con las exigencias en los resultados. 
 La Iglesia Católica también respaldó el pronunciamiento de la JEP. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien asumió como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, resaltó esa determinación, al considerarlo producto de un esfuerzo a favor de encontrar la verdad, “de llevar a que nosotros vayamos reconociendo lo que nos ha pasado en el país en las últimas décadas”. 
 Entre los señalados como autores de estos crímenes están los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, excomandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien comandó el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN. 
 También los antiguos oficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, colaborador de las dos estructuras militares. 
 Es la segunda vez que la JEP imputa crímenes como resultado de sus investigaciones de los macrocasos en que tiene divididas sus acciones. La primera imputación a ocho exjefes de las Farc, señalados de ser los responsables de los secuestros cometidos por la desaparecida guerrilla, situación que generó sensibilidades especiales hace unos días, luego del sentido discursos de la excandidata presidencial Ingrid Betancur, quien estuvo secuestrada seis años y medio por esa organización criminal ya desmovilizada. 

En el caso de los militares imputados se hace hincapié en que sin la presión superior para que los subordinados lograran bajas, a como diera lugar, no hubieran ocurrido los llamados “falsos positivos”, lo que se transformó en una política institucional de conteo de cuerpos, que se planeaba en procesos coordinados de inteligencia militar, haciendo uso de recursos humanos, económicos y bélicos. Lo más grave es que además de los asesinatos de inocentes para hacerlos pasar como delincuentes, se hicieron toda clase de maniobras para tratar de ocultar su ilegalidad.