La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, tomó la decisión de archivar la indagación preliminar que se adelantaba en contra de varios integrantes de las Fuerzas Militares por supuestas irregularidades en el manejo de gastos reservados. La funcionaria argumentó que había una “deficiente gestión de la anterior administración”, que hacía imposible seguir adelante con ese proceso. La indagación comenzó en diciembre del 2017, de manera interna en el Ejército, y en marzo del 2018, al verse que podría haber generales implicados, fue llevada al exprocurador Fernando Carrillo, quien asegura que había elementos suficientes para sancionar a los responsables.
No era un asunto menor, los oficiales de inteligencia inflaban las cifras de pagos de recompensas y otros estímulos a informantes inventados, en un modus operandi que el mismo comando de contrainteligencia de las Fuerzas Militares pudo establecer, tras recoger declaraciones de decenas de funcionarios, oficiales y suboficiales, que fueron sometidos al polígrafo, y evidencias documentales que dejaban expuestas las irregularidades. En las confesiones se escucha aceptar que tales recursos los usaban como plata de bolsillo para gastos personales.
Lo cierto del caso es que pasó el tiempo y cuando correspondía asumir duras determinaciones se optó por no avanzar más. Los militares involucrados en los hechos estaban adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi) y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (Rimec), entre ellos altos oficiales. Además de los problemas en el uso de recursos de gastos reservados también se advirtió acerca de operaciones ilegales de interceptación de comunicaciones a defensores de derechos humanos y hasta a otros militares. Por ello, la investigación fue dividida en dos procesos, ambos hoy archivados.
Aunque la procuradora Cabello defendió su determinación bajo su convencimiento de que las pruebas recaudadas no tenían la suficiente contundencia para llegar a sanciones, se le ha criticado por restarle importancia al hecho de que hay videos en los que varios de los uniformados implicados confiesan haber actuado de manera ilegal. Hay hechos objetivos y comprobables que evidencian que se hizo un mal uso de los recursos reservados y que había elementos para, al menos, sancionar a algunos militares, entre los que se cuentan 7 oficiales y 5 suboficiales.
Es verdad que se ocurrieron algunas fallas de procedimiento que retrasaron el avance de las indagaciones en la administración de Carrillo, pero la amenaza del vencimiento de términos en lugar de haber llevado al archivo del proceso debió conducir a que se abriera la investigación de manera formal y que se tratara de avanzar en la configuración de los cargos en contra de los responsables.

Además, no tiene mucho sentido que, habiéndose roto la unidad procesal para investigar, por un lado, el uso irregular de dineros y, por el otro, las interceptaciones ilegales de comunicaciones, se haya optado por archivarlo todo, cuando según lo denunciado había material suficiente para tomar alguna decisión sancionatoria contra los responsables de estas conductas delictivas. Lo más grave es que, debido a que son cuentas reservadas, resulta imposible establecer cuánto dinero se perdió en medio de estas maniobras.