La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 16 equipos del fútbol colombiano, entre ellos el Once Caldas, están en el ojo del huracán por las supuestas prácticas ilegales que afectarían el régimen de libre competencia, relacionadas con los contratos hechos con jugadores. Pese a que la autoridad mayor del balompié nacional niega que haya cometido alguna irregularidad, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) asegura tener evidencias suficientes para sustentar los cargos en contra de los dirigentes de esa organización y propietarios de los equipos, en por lo menos 16 casos entre el 2018 y el 2021.
Hay correos electrónicos y chats que confirmarían las conductas ilegales de numerosos dirigentes deportivos, quienes se habrían puesto de acuerdo para “sancionar” a jugadores que buscaban la posibilidad de un cambio de equipo, cerrando la posibilidad de que ellos pudieran negociar sus derechos deportivos y bloquear cualquier posibilidad de que esos jugadores pudieran establecer nuevos y mejores contratos. En un llamado “pacto de caballeros” que se lee en algunos de los mensajes, los clubes lograban hacer las transferencias de los deportistas a su amaño, sin que los jugadores pudieran beneficiarse de ello.
Estas prácticas, que obedecen más a formas de actuar cercanas a lo mafioso, han sido interpretadas por muchos como una especie de nueva esclavitud, en la que los trabajadores no tienen la posibilidad de escoger a su libre albedrío a qué empresa quiere prestar sus servicios, y ni siquiera opinar alrededor de las condiciones de los contratos. Incluso la Fiscalía podría intervenir en estos casos. El bloqueo de los jugadores de fútbol para obligarlos a aceptar lo dispuesto por los dirigentes de los clubes, en muchos casos, ha truncado el desarrollo profesional de numerosos deportistas, y resulta absolutamente indignante.
Es vergonzoso que eso ocurra en nuestro fútbol, donde los jugadores son tratados como mercancías que no pueden actuar libremente, y que se apele a una supuesta solidaridad de gremio para abusar del eslabón más débil de la cadena, lo que es a todas luces indignante. Esta situación claramente irregular, pero que ha sido normalizada en el fútbol colombiano, tiene que cambiar, y un buen comienzo es que la Supersociedades convierta esos cargos en sanciones reales que obliguen a esos dirigentes a modificar radicalmente sus conductas y a que los deportistas, haciendo uso de sus derechos, puedan regirse por reglas laborales equilibradas.
Evidentemente, el derecho laboral establece que si alguna de las partes quiere dar por terminado de manera unilateral un contrato, hay mecanismos de compensación establecidos legalmente que deben cumplirse, pero no pueden anexarse de manera informal condiciones no pactadas y menos que tales condiciones deriven en una especie de cartelización del mercado de jugadores para los clubes protegerse entre ellos mismos supuestos “patrimonios” representados en deportistas, a los que se les niega la posibilidad de decidir acerca de sus vidas.

De tiempo atrás la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) viene denunciando estas y otras situaciones presuntamente ilegales, y es importante que la Supersociedades haya acogido el caso y esté avanzando en investigarlo. Obviamente, las partes involucradas en un contrato deben acoger las consecuencias de cualquier decisión que se tome, y por ello es urgente que el fútbol colombiano salga de la informalidad en la que, inclusive, es posible esconder recursos de negociaciones por derechos deportivos de jugadores, lo que facilita el ingreso de dineros ilegales a esta actividad.