El resultado de las votaciones en la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, demostró que los partidos políticos que vienen acompañando al gobierno del presidente Iván Duque conforman un bloque que no está dispuesto a darle gusto a los opositores, menos cuando estamos a menos de un año de las elecciones para Congreso y de la primera vuelta presidencial. Darle a la oposición la caída de un ministro que asegura que los policías cumplen estrictamente con la protección de los derechos humanos sería ceder demasiado y darle un golpe de gracia al Ejecutivo. Se demuestra, entonces, que la administración de Duque goza de un buen margen de gobernabilidad.
 Ahora bien, pese al innegable triunfo de Molano frente a los promotores de la moción, el gobierno debe ser consciente de que hay un gran descontento general acerca de las acciones de algunos policías que, evidentemente, no respetan los derechos humanos. Eso obliga a que se tome nota de lo que ocurre y se emprenda la tarea de impulsar una reforma de la Policía, en la que una orientación más sólida alrededor de la necesaria protección de derechos y de la dignidad humana debe ser el núcleo de su formación. El funcionamiento del Esmad, por su parte, debe revisarse para mantener una fuerza disuasiva especializada que no exceda su respuesta frente a las provocaciones.
 Adicionalmente, frente a las innegables conductas de abuso de autoridad por la Fuerza Pública en diversas circunstancias, es fundamental que se hagan investigaciones muy responsables, orientadas a identificar a los autores de las violaciones y a castigarlos de acuerdos por lo que dicta la ley. Así como los civiles que han cometido crímenes en medio de las protestas deben ser judicializados y castigados con toda severidad, los agentes del Estado que se excedieron en sus actos no pueden quedar impunes. No se debe ignorar que cerca de 50 personas, la mayoría jóvenes, y entre ellas dos uniformados, han muerto como producto de los enfrentamientos.
 Lo más sensato en estos momentos es que los promotores del paro y del gobierno nacional aceleren el paso hacia las negociaciones que conduzcan a las soluciones, y de esa manera eliminar los motivos de las movilizaciones y así evitar que la violencia aparezca. Tiene que entenderse que no vale la pena seguir exponiendo las vidas de civiles y militares en un conflicto que puede resolverse por las vías del diálogo, y con el compromiso de todos los colombianos que, de manera responsable, pueden aportar a responder a los reclamos.

Ya superamos un mes de protestas con graves consecuencias para la vida de muchas personas, debido a la violencia, los bloqueos y la tozudez de quienes se empeñan en mantener el estado de tensión y en no tomar decisiones rápidas en todos aquellos aspectos que deben ser cambiados, para desactivar el malestar general. Hacemos un nuevo llamado a la sensatez para buscar puntos de unión en lugar de alimentar las polarizaciones, y en ese camino hay que atemperar los ánimos y estar dispuestos a escuchar y a entender al otro.