La nueva reforma tributaria, que es llamada por el Gobierno Nacional como Proyecto de Inversión Social, será radicada ante el Congreso de la República este martes 20 de julio con mensaje de urgencia. Sus fuentes principales, de acuerdo con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, serán el recorte en el gasto público nacional, el combate de la evasión y nuevos aportes de las empresas. Esta vez se tuvo el cuidado de no tocar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta familiar, la renta para personas de bajos ingresos y las pensiones. En lugar de $30 billones, como la primera, esta vez la meta de recaudo es de $15,2 billones.

Estamos ante una reforma poco ambiciosa, aunque cumple con lo necesario para financiar los programas sociales ya existentes con los que fueron atendidas las consecuencias económicas de la pandemia para las familias más vulnerables. Se buscan fuentes de financiación para los programas de Ingreso Solidario, Subsidio a la nómina (Paef), subsidios de matrículas de educación superior e incentivos para la contratación formal de jóvenes (25% de un salario mínimo).

No se ven mayores dificultades para su trámite legislativo, y seguramente no se le harán cambios sustanciales. Es necesaria, sin duda, aunque es una reforma muy diferente a la que presentó el Gobierno en abril y que tanto exacerbó los ánimos de gran cantidad de colombianos.

En cuanto al recorte del gasto, se promete un ajuste del cinturón en telefonía móvil, arrendamientos, vehículos y viáticos, principalmente, aunque desde algunos sectores se piensa que el Ejecutivo podría ser más decidido cortando, por ejemplo, la burocracia de las consejerías presidenciales, que duplican las funciones de algunos ministerios.

 En cuanto a enfrentar la evasión, la principal estrategia será seguirles la pista a los bienes declarados en el país para verificar que coincidan con su valor comercial. Además, se facultará a la Dirección de Aduanas Nacionales (Dian) para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen.

Los nuevos aportes de las empresas consisten, básicamente, en que se reduce a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta. También sube la tarifa de renta de 30% a 35% a partir de 2022 y se extiende la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025.

La conclusión es que el Gobierno pudo presentar en abril un proyecto más realista y con mayor enfoque hacia quienes más pueden aportar, con resultados tal vez mejores que los que tendrá esta reforma, y sin haber provocado la ira de tanta gente. Tal vez, inclusive, eso habría ayudado a que no perdiera el grado de inversión. No obstante, no debemos llorar sobre la leche derramada, y esperar que el nuevo enfoque ayude a solucionar parte de los grandes problemas que tiene Colombia. Seguirá pendiente, para un nuevo gobierno, la reforma estructural de la que tanto se ha hablado, pero que requerirá de una coyuntura económica menos apremiante.