Gracias al acuerdo entre Seguros Mapfre y Empresas Públicas de Medellín (EPM), por el siniestro del proyecto Hidroituango en abril del 2018, la aseguradora pagará 983 millones de dólares (cerca de $3,9 billones), como resultado del fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General de la República. Estos recursos llegarán a las arcas de EPM a finales de enero del próximo año, pero desde ya hay que tener claridad acerca de cómo acelerar lo que falta.
El desembolso se hace de acuerdo a la póliza de seguro de todo riesgo que ampara la construcción y el lucro cesante del proyecto desde el 2011, como compensación a los errores cometidos por los constructores, diseñadores e interventores que llevaron a la emergencia que todavía hoy nos tiene a la espera de la puesta en marcha del proyecto. Todavía falta anexar los recursos que podrían ingresar por el proceso que se le sigue a exgobernadores y exmiembros de la junta directiva de EPM, entre otros, que también fueron hallados con responsabilidad fiscal.
Eso le permite al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegurar que en julio del próximo año se inauguraría la primera turbina del proyecto hidroeléctrico, el más ambicioso del país y uno de los más grandes de América Latina. La idea es completar los $4,3 billones, valor que corresponde al cálculo de la Contraloría acerca del costo del siniestro, y que permitirá tener caja para concluir las obras que todavía están pendientes.
En este momento la ejecución de las obras de la represa están en un 86,6%, por lo que los meses que vienen deberán ser intensos en los trabajos, para que la meta de empezar a generar energía el año entrante se cumplan. Esta es una nueva oportunidad que tiene que ser aprovechada al máximo, luego de tantos obstáculos e incertidumbres. Los contratistas que fallaron en el pasado, pero que tienen ahora la posibilidad de recomponer el camino, deben hacer un buen trabajo y aprovechar bien la oportunidad que se les brinda.
Ahora bien, no puede perderse de vista que los sobrecostos del proyecto alcanzan los $9,9 billones y que el país espera que, no solo paguen los responsables y las aseguradoras, sino que la hidroeléctrica funcione de la mejor manera posible y que más temprano que tarde se empiecen a ver los beneficios y la recuperación de la cuantiosa inversión. La dimensión de la iniciativa permite pensar en la posibilidad de asegurar importantes contratos de exportación de energía hacia varios países de América Latina.

Confiamos que con lo actuado hasta ahora, el año entrante el panorama para Hidroituango sea muy claro, que no aparezcan nuevas dificultades y que el gran sacrificio fiscal que se ha hecho con recursos públicos para mantener el proyecto caminando tenga recompensa; que pueda recuperarse y empezar muy pronto a que el nombre de la represa no sea sinónimo de fallas técnicas y corrupción, sino de reactivación y beneficios sociales y económicos para el país.