La pandemia de covid-19 y la crisis económica producto de las restricciones que han sido necesarias para contenerla, han llevado al país a pensar en que el Estado apoye de manera más decidida a las familias pobres, que son las más afectadas por la actual emergencia, sobre todo por depender del día a día en medio de la informalidad. Actualmente el Gobierno Nacional entrega el Ingreso Solidario, un subsidio que ayuda, pero que es insuficiente y que debe avanzar hacia la llamada renta básica universal.

Se prevé que la discusión de este asunto en el Congreso de la República será bastante dinámica en la legislatura que comienza. Congresistas de la oposición, liderados por el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, impulsan la idea de entregar un ingreso mínimo a 9 millones de familias cada mes, durante un tiempo, con un costo aproximado a los $30 billones. Los liberales ya presentaron un proyecto parecido al que llaman “renta vida”, con el que pretenden reorganizar las ayudas que el Estado entrega a los más vulnerables.

José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República, propone que esa renta sea de $500 mil para 8 millones de hogares, lo que equivaldría al 1% del PIB, y se podría aspirar a que sea permanente, con revisiones periódicas. Esto va muy en sintonía con lo sugerido a todo el continente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La reflexión alrededor de la renta básica es válida, porque la emergencia sanitaria que afrontamos está ampliando a pasos agigantados las brechas sociales, y eso en el mediano y largo plazo nos afectaría gravemente a todos si no se toman a tiempo las medidas para corregir esas distorsiones y volver a la búsqueda de la equidad. Para la economía, en general, esa decisión garantiza ingresos a todos los colombianos, y estimularía el consumo interno, componente vital para la salud económica.

Un recurso de esta naturaleza podría tener efectos sociales y económicos significativamente positivos, sin que constituyan un costo demasiado elevado para el presupuesto nacional. Sin embargo, sería nefasto que esos recursos se gasten de manera inadecuada, sin lograr los efectos de bienestar que deben perseguirse. Se deben establecer mecanismos claros para que, a cambio, las familias se comprometan a que los niños y jóvenes accedan al sistema educativo y a que parte de los recursos se enfoquen en emprendimientos, por ejemplo. Serían subsidios condicionados a que los hogares contribuyan de manera positiva al resto de la sociedad. No se puede caer en que las personas dejen de trabajar por estar recibiendo un dinero seguro cada mes.

Habrá que buscar mecanismos para que el dinero se use en la sobrevivencia familiar y la búsqueda de su progreso; y no se gaste en vicios, ni en ninguna otra actividad contraria a su propósito. Esto es algo que debe resolverse pronto, para que sus efectos en general también sean rápidos, y lograr que la pandemia no siga profundizando estragos que se reflejan en cierres de empresas y pérdida de miles de empleos.