Solo a finales del próximo mes se conocerá el proyecto de reforma a la salud que el Gobierno Nacional llevará al Congreso de la República para su discusión, pero debido a que un supuesto borrador de la iniciativa que circula en redes sociales y que no ha sido desmentido por la ministra de Salud, Carolina Corcho, señala que las EPS desaparecerían del sistema, entre otros cambios profundos, se ha generado una fuerte polémica alrededor de esa iniciativa.
Es evidente que actualmente hay un problema ligado a la intermediación de recursos del sistema, que ha permitido que se acumulen deudas entre las EPS y las clínicas y hospitales públicos y privados en el país, y que hay que buscar la manera de poner todas esas cuentas al día. Sin duda, también hay otros asuntos que podrían funcionar mejor, pero lo que también es verdad es que nuestro sistema de salud en bastante bueno comparado con lo que ocurre en el resto del mundo, incluso en los países más desarrollados.
Por eso, es fundamental llevar a cabo una discusión amplia, con todos los sectores involucrados y que la iniciativa se oriente a que realmente se pueda mejorar lo ya existente, transformando lo que no funcione, pero protegiendo y fortaleciendo lo que sí funciona bien en el sistema como, por ejemplo, la cobertura universal y la atención de tratamientos y procedimientos de alto nivel a todos los usuarios que lo necesitan, sin importar a qué régimen pertenecen. Problemas como la creciente mortalidad infantil y materna, el incremento de las enfermedades cardiovasculares y los problemas de salud mental necesitan estrategias claras y efectivas.
Sin duda hay que fortalecer la red pública de atención, que infortunadamente se ha venido reduciendo con el tiempo, y que hoy apenas representa al 10% de las clínicas y hospitales en el país. Eso es lo que va a permitir que los servicios lleguen a todos los colombianos, sin importar el lugar en el que vivan y que haya un mejor equilibrio del sistema en materia de recursos, pero es fundamental que se mire con mucho cuidado dejar en manos de las autoridades locales y regionales el manejo del dinero, porque se podría estar llevando a que el remedio resulte peor que la enfermedad. Lo que se necesita es que a los operadores les llegue de manera directa y pronta los recursos por los servicios prestados.
También se necesita que los programas de promoción y prevención que están funcionando acertadamente se mantengan en ese camino y que, por el contrario, se haga mucha más labor esa dirección, porque en la medida en que se eviten enfermedades o no disminuyan los casos que necesitan tratamientos costosos, los recursos van a rendir más para elevar la calidad de la atención en general.

No pueden tomarse determinaciones apresuradas y terminar afectando algo que, en términos generales, solo necesita fijar reglas que se cumplan y estén orientadas al objetivo de la cobertura universal de calidad, y de cumplir con el derecho a la salud. Tener en mejores condiciones el talento humano del sector también es una prioridad, pero todo eso puede lograrse haciendo lo ajustes pertinentes, y no necesariamente echando abajo todo, incluso lo que funciona bien.