Karen Abudinen, quien se desempeñaba como ministra de las TIC hasta la semana pasada, renunció después de que el presidente Iván Duque le pidió retirarse del cargo, al ver que ya no podía mantener su actitud de defensa. La decisión es una reacción al escándalo por el contrato otorgado a la unión temporal Centros Poblados, en el que están comprometidos cerca de $70 mil millones de difícil recuperación.
El contexto de lo ocurrido, gran parte del país lo conoce: el Ministerio de las TIC adjudicó a esa unión temporal un contrato por $1,07 billones para llevar internet a escuelas ubicadas en los lugares más alejados del país, para el cual se entregó un anticipo de $70 mil millones, de los cuales hay una mínima parte invertida. Lo más grave es que las pólizas de todo el contrato entregadas por Centros Poblados resultaron falsas, lo cual podría configurar un delito.
Hay diversas versiones acerca del trasfondo de estos hechos que tanto han indignado al país. Por lo pronto, mientras avanzan las investigaciones oficiales, hay que destacar que hubo, por lo menos, descuido de la exministra Abudinen y de los funcionarios del Ministerio de las TIC al momento de tramitar el contrato y ordenar el desembolso de los dineros. La situación denunciada por la periodista Paola Herrera (lo cual evidencia de nuevo que los medios resultan en estos casos más efectivos que los organismos de control) generaba una responsabilidad política innegable.
También hay que entender que, en medio de la dinámica del ambiente preelectoral por el que cruza el país, era poco probable que un escándalo como este pasara sin que se agudizaran las acusaciones, las cuales solo podrán ser comprobadas por la justicia y juzgadas, si es el caso. Ojalá las investigaciones del FBI estadounidense también arrojen frutos. Tal vez lo más sano hubiera sido la renuncia de la funcionaria antes de que las cosas tomaran más impulso, ya que eso permitió que surgieran episodios vergonzosos como el de la votación de la moción de censura en el Congreso de la República, que todavía tiene aristas por desarrollar.
Lo más importante ahora es hacer todo lo posible para recuperar ese dinero y así poder invertirlo en lo que está previsto, que es sin duda una necesidad urgente del país. Durante la pandemia y la necesidad de llevar educación con ayuda tecnológica a apartados lugares de la geografía nacional, se evidenció una enorme debilidad en conectividad. Solo la situación de los municipios de Caldas en ese aspecto dejó claras estas deficiencias, que impactan de manera directa el derecho a la educación que tienen todos los niños y jóvenes.
Debemos confiar en que el proyecto de conectividad para las escuelas rurales se concrete de manera correcta, y que todos los demás programas del Ministerio de las TIC vuelvan a encarrilarse de la manera adecuada. Si al frente de esa cartera llega un conocedor de las nuevas tecnologías y sus alcances, y se desarrolla un trabajo pulcro y bien enfocado, podrían lograrse las soluciones que se necesitan. Esperamos que, por el bien del país, el escándalo haya servido para encontrar nuevos y mejores caminos y que solo eficiencias y claridades en los procesos se destaquen en la conectividad y el desarrollo de las TIC en Colombia.
