Es cierto que la Policía Nacional en Colombia ha estado militarizada, debido a las circunstancias especiales de nuestro orden público, y que en un país que aspire a la paz tal vez sea pertinente que se convierta en un organismo más civil, que trabaje mucho más en la prevención que en las acciones de control y persecución de criminales. No obstante, hay que partir del principio de que nuestra realidad hace pertinente que los cambios en esa institución se hagan de manera gradual.
Además, lo ocurrido en los días recientes, cuando pese a que el pasado 22 de agosto el nuevo director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, había nombrado al coronel Jhon Harvey Alzate Duque para la Dipol y al coronel Juan Miguel Thiriat Tovar en la Dijin, el 26 de agosto los altos mandos se apartaron de la institución, tras la decisión del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de oponerse a esos nombramientos, luego de revisar sus hojas de vida.
Fue así como dos días después el coronel Sanabria reveló que esos cargos serían ocupados por otros oficiales: la coronel Olga Patricia Salazar, como la primera mujer en la historia que estará a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y el coronel Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, para la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Seguramente estos dos oficiales están bien capacitados para desempeñar esos cargos, pero sí es un mal mensaje que se reversen nombramientos anunciados por del director, una desautorización que genera impacto en una institución en la que los rangos jerárquicos tienen fuerte significado.
Entre los argumentos para estas decisiones está el compromiso de proteger más a las mujeres en la Policía, así como trabajar bajo el concepto de la “seguridad humana”, que cambia el concepto que se traía para enfocarse en lo que Petro llama “aumento de la vida”. No obstante, muchas veces la manera como se busca el fin puede afectar la concreción de esos objetivos, y las equivocaciones pueden terminar generando efectos contrarios a los que se pretende.
Ya, de hecho, con la designación de Sanabria salieron numerosos generales que estaban en línea de mando, lo que implica casi que un borrón y cuenta nueva, lo cual puede resultar contraproducente para el logro de la seguridad ciudadana que se busca, y si a eso se agrega la desautorización a su director general, el mensaje enviado puede ser equívoco. Sin duda, se necesita una Policía más cercana a la gente, que fortalezca la confianza con las comunidades y que logre prevenir delitos, pero ese cambio hay que hacerlo también con un mensaje de coherencia y de liderazgo, representado en su Dirección Nacional.
A lo ya expuesto, se suma la posible supresión de las nueve regionales de la Policía Nacional, con el propósito de dar un manejo centralizado desde Bogotá, lo que también suena contradictorio, cuando en el pasado se buscó un objetivo de darle mayor autonomía operativa a las regionales, precisamente para avanzar en una mayor agilidad en el servicio. Son determinaciones que se deben estudiar muy bien antes de tomarlas, para evitar implicaciones que terminen afectando el objetivo principal de la institución, como es la garantía de seguridad ciudadana.
