Hombres del CTI de la Fiscalía General de la Nación detuvieron el viernes a 9 personas señaladas de hacer parte de un entramado de corrupción que, liderado supuestamente por el senador liberal caldense Mario Castaño, se dedicaría a exprimir presupuestos municipales y departamentales, a través de contratos y de esa manera apropiarse de cuantiosos recursos públicos. Hombres de confianza del congresista, involucrados en estos oscuros hechos, huyen de la justicia, mientras que a Castaño lo tendría que investigar la Corte Suprema de Justicia, por ser aforado, y que ese alto tribunal analice si hay razones para llevarlo a juicio.

Lo cierto es que la Fiscalía le entregó a la Revista Semana todo el expediente (en lugar de filtrar esa información a un solo medio pudo haberla entregado a todos, sin discriminación, y sobre todo a La Patria por ser de esta región, y que además solicitó información sobre el expediente), en el que se señalan todos los detalles que condujeron a las capturas, entre otros, de Wílmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia, y Juan Sebastián Vargas Marín, exsecretario de Planeación de Manzanares, de innegable cercanía con el senador, igual que el caso de Daniela Ospina.

Lo que se escucha en las grabaciones reveladas y los personajes que aparecen, como Juan Carlos Martínez, evidencian que estas personas tienen mucho qué explicarles a las autoridades. Se calcula que el desfalco alcanzaría, por lo menos, unos $60 mil millones desde el 2018. Estamos frente a una operación de corrupción que no puede quedarse a mitad de camino, y de la que se necesitan respuestas rápidas y condenas a los responsables.

Los cargos que se imputarán a los detenidos, de acuerdo con el ente acusador, son concierto para delinquir agravado, celebración indebida de contratos, estafa agravada y enriquecimiento ilícito. Como la audiencia de control de garantías se realizará mañana en Bogotá. muy seguramente se conocerán más detalles de este imbricado caso en el que parece hacerse usado información privilegiada conocida por el senador Castaño (quien aspira este 13 de marzo a ser reelegido), para lograr beneficios económicos en distintas regiones, entre ellas el departamento del Chocó, donde se tendría amarrado un contrato de licores con utilidades anuales por unos $15 mil millones durante 15 años.

Son situaciones que, desde luego, tendrán que ser investigadas a fondo y establecer las responsabilidades que les cabría a todos los involucrados, y frente a lo cual el senador Castaño tendrá que entregar sus explicaciones. En sus primeras explicaciones a LA PATRIA, el congresista negó conocer acerca de estas acusaciones y aseguró que le pondrá la cara a las autoridades que lo requieran.

Es evidente que cuando la política se revuelve con intereses irregulares en la contratación pública los resultados llevan a que los ciudadanos pierdan la credibilidad en sus gobernantes y se les abre el camino a otros que vienen, con discursos engañosos, con la supuesta intención de limpiar la política. Ante la elección que se aproxima, es fundamental que los ciudadanos reflexionen acerca de lo que realmente le conviene al país y a la región y que de esa misma manera se expresen sus votos.