Pese a que la inflación y el alto costo de vida, en general, están disparados en todo el mundo, este es el principal motivo de las protestas en Ecuador, en donde los manifestantes mantienen bloqueada a la capital, Quito, así como a varias ciudades y pueblos. La mayoría de quienes están en las calles son indígenas que reclaman cerrar las brechas de desigualdad que se mantienen amplias en ese país suramericano.
Se completa semana y media de protestas que se tornan cada vez más violentas, y frente a las cuales el gobierno del presidente conservador, Guillermo Lasso, ha reaccionado con un dispositivo militar que se ha quedado corto en las posibilidades de control de la situación. Por el contrario, la misma estabilidad del gobierno se siente amenazada, en un país en el que los indígenas en el pasado ya han puesto en jaque al Ejecutivo y han sacado a presidentes del poder.
Varios edificios de instituciones tan importantes como la Fiscalía General han sido atacados por la turba, y el sistema de transporte ha sufrido largas interrupciones debido a los bloqueos en vías principales. Hace tres años, protestas similares en contra de la eliminación de subsidios a los combustibles, quemaron el edificio de la Contraloría General, y puso contra las cuerdas el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno, luego de 11 días de manifestaciones, que dejaron 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos. En esta ocasión las sedes universitarias también se han vuelto campo de batalla entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública, situación que amenaza con romper el orden institucional.
Lo peor es que pese a que el gobierno de Lasso ya aceptó adoptar parte de las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y que organismos internacionales se han expresado a favor de un diálogo para acabar con la violencia en las calles, el líder indígena Leonidas Iza, quien está al frente de las protestas, se mantiene firme en rechazar esa posibilidad, y por el contrario alienta a los manifestantes a mantenerse firmes sin ceder, hasta que el Ejecutivo no acepte congelar los precios de los combustibles, controlar los precios de productos esenciales, pagar mejor a productores agrícolas y frenar la minería.
El gobierno también adoptó medidas en estado de excepción, con el propósito de controlar las revueltas, pero en lugar de solucionarse el panorama está ahora más tenso, con miles de indígenas en las calles dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Incluso ahora piden que se acaben las medidas excepcionales para poder considerar un diálogo. Algunos sectores políticos ecuatorianos aseguran que los seguidores del expresidente Rafael Correa están detrás del impulso a las protestas.
Indiscutiblemente los motivos de las protestas, que tienen que ver con profundos desequilibrios sociales y económicos, son válidos, pero el desafuero en la violencia y el vandalismo, además de restar legitimidad a los justos reclamos pone al  vecino país en un estado de tensión de graves repercusiones. El derecho democrático a la protesta pacífica no puede ser coartado por nadie en una democracia, pero tampoco puede aceptarse que la protesta se vuelva violenta. Esperamos que los ecuatorianos hallen pronto solución a este grave problema, que también repercute negativamente en Colombia.