Las finanzas de las universidades en la región se han visto seriamente afectadas por la pandemia de covid-19, pero el impacto más fuerte es para los indicadores de cobertura y calidad por los que vienen trabajando desde hace décadas. Por eso, un desafío gigantesco de hoy es que puedan alcanzar un equilibrio entre la solidez de sus finanzas, el ataque a la deserción estudiantil y la garantía de que los contenidos lleguen de la mejor manera y sean asimilados por los miles de estudiantes matriculados, haciendo uso de acertadas estrategias pedagógicas, que también sean seguras ante los riesgos que ofrece la actual emergencia sanitaria.
 Entre las estrategias aplicadas están los descuentos en las matrículas, las becas o facilidades de financiación en las universidades privadas y la exoneración de pago en las públicas, midiendo desde luego que la estabilidad económica de las instituciones no se vea afectada, al mismo tiempo que se logra retener a los alumnos. Es un muy complejo punto de equilibrio, cuando en el caso de las universidades públicas se carga con números rojos desde hace tiempo, y el desafío es no permitir, por lo menos, que esas cifras negativas se sigan incrementando. Inclusive, hay que seguir buscando una mejora en la financiación en medio de las difíciles circunstancias actuales.
 Para el 2021 está previsto, en el primer semestre, que se tendrá un porcentaje mayor de presencialidad, aunque con una buena cantidad de horas de educación a distancia con ayuda tecnológica. Esto va a influir de diversas formas en la economía de las universidades, que tendrán que seguir mejorando en sus infraestructuras de tecnologías y en su aplicación para la pedagogía. Además, se deberá ayudar de manera más directa a todos aquellos estudiantes que tengan dificultades en los equipos o en la señal de internet para acceder al conocimiento.
 Les tocará a estos centros de educación superior mejorar su gestión de venta de servicios, la búsqueda de recursos de cooperación y la generación de productos que le signifiquen ingresos nuevos, que ayuden al cumplimiento de su tarea misional. Por lo pronto, algunas inversiones en infraestructura física seguramente tendrán que esperar y pasar a un segundo plano de prioridad; los gastos administrativos deberán mantenerse medidos, sin afectar el empleo, y todo aquello que apunte a mantener la calidad y la cobertura.

Hay que tener en cuenta que no solo es un asunto de sostenimiento de las universidades, sino que la afectación económica tiene un gran impacto en toda la ciudad, si partimos de la evidencia de que en el 2018 el gasto total de los estudiantes universitarios sumaron unos $270 mil millones, relacionados con la alimentación, el hospedaje, el entretenimiento y demás gastos propios de este segmento de la población en la capital caldense. Por eso, la respuesta a esta problemática no solo debe dejarse en manos de las universidades, sino que la ciudad entera debe movilizarse para que la economía local se mantenga dinámica y con posibilidades futuras de crecimiento. Además, nos hemos caracterizado por tener una educación superior sobresaliente, y en ese propósito no debemos ceder, por el contrario hay que buscar las formas de fortalecernos.