Nicaragua, que tanto ha sufrido con el autoritarismo y la violencia durante décadas, pasa por uno de sus peores momentos, precisamente por la actitud déspota de quien detenta actualmente el poder Ejecutivo en ese país centroamericano. La Arquidiócesis de Managua fue contundente en su reciente pronunciamiento: “El pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país”. Además de presidente y vicepresidente, los nicaragüenses se disponen a elegir 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlacen.
Las condiciones democráticas no existen. El presidente, Daniel Ortega, de 75 años, buscará su cuarto mandato consecutivo (el quinto con el periodo 1985-1990), para el que sería el seguro ganador en un remedo de jornada electoral, ya que todos sus contendientes con posibilidades de arrebatarle el poder han sido sacados del camino con toda clase de artimañas. Su idea es mantener, además, a su esposa, Rosario Murillo, en la vicepresidencia, lo que es calificado desde las pasadas elecciones el colmo del nepotismo.
Los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre fueron arrestados y están siendo investigados por supuesta traición a la patria, solo por criticar al gobierno autoritario. Otros dos aspirantes: la abogada María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley abandonaron el país por razones de seguridad. El exjefe de la Resistencia Nicaragüense Óscar Sobalvarro inscribió el lunes su candidatura presidencial, pero muy probablemente tampoco lo dejen avanzar en la campaña.
Como si fuera poco, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por partidarios de Ortega, canceló la personería jurídica a tres partidos políticos opositores. De manera desvergonzada el gobierno ha despojado a todos sus críticos de sus derechos democráticos, y la jornada del próximo 7 de noviembre sería, prácticamente, una competencia de Ortega consigo mismo. Lo cierto es que en la sociedad nicaragüense hay una enorme sensación de impotencia, porque incluso periodistas que han elevado sus voces también han sido silenciados de diversas formas, y las amenazas e insultos tampoco les han faltado a los miembros de la Iglesia Católica.
El descontento con Ortega viene creciendo desde abril del 2018, cuando las protestas ciudadanas, debido a una agresiva reforma a la seguridad social, fueron respondidas con represión. Las disputan se han extendido al ámbito internacional, donde países como Argentina, México, Colombia y Costa Rica han tomado distancia. España también ha sido blanco de las críticas de Ortega. Sin embargo, son ya 56 los países que han hecho reparos a la manera arbitraria de actuar del presidente nicaragüense. Hay, sin duda, una crisis diplomática.

La credibilidad de las elecciones de noviembre están menguadas a la luz de lo que ocurre, y ya Estados Unidos se pronunció en ese sentido. Lo complejo es que un posible aplazamiento de los comicios solo beneficiaría a Ortega, quien se mantendría en el poder de todos modos. La comunidad internacional tendrá que analizar si es necesario el establecimiento de nuevas sanciones económicas y de otro tipo, para forzar al burdo líder a cambiar la actitud.