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La petición de la Fiscalía para que precluya el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos, lleva a que la posibilidad de un juicio contra el exmandatario se diluya, pero todavía se debe recorrer un trecho largo en el que esa investigación podría terminar donde su defensa no quería: la Corte Suprema de Justicia. No obstante, lo más probable es que el proceso se desinfle antes de que eso ocurra, como también era previsible que la Fiscalía tomara la decisión conocida de no acusar al expresidente, cuyo proceso terminó en esa instancia tras su renuncia al Senado.

 No deja de ser llamativo que la determinación del fiscal Gabriel Jaimes, designado por el fiscal general Francisco Barbosa para ese proceso específico, contraste de manera tan radical con lo dicho por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte, que apuntaba a llamar a juicio a Uribe. Una interpretación tan diferente de los argumentos y las pruebas evidencia que en alguno de los dos lados está la falla que, en medio de la polarización política que vive el país, deja expuesta la innegable politización de un proceso judicial, lo que en nada ayuda a la democracia.

 Será ahora el juez 28 de conocimiento de Bogotá el que tenga que valorar todo lo actuado y determinar si el expediente reúne información suficiente para que el caso sea estudiado a profundidad o si la preclusión es el camino ajustado a la ley. Nada fácil la tendrá este juez para decidir en un asunto tan espinoso, y en el que cualquiera que sea la determinación terminará señalada de favorecer algún interés político, justo en momentos en que el país ingresa a una dura campaña para la conformación del nuevo Congreso de la República y la elección del sucesor del presidente Iván Duque.

 Este es un proceso confuso en el que está probado y aceptado por el abogado de Uribe en este caso, Diego Cadena, que entregó dineros a testigos que apoyan las tesis de la defensa, pero su argumentación es que solo fueron ayudas desinteresadas, de las cuales su cliente no estaba enterado. Igual de grises son los terrenos de otros aspectos del expediente que hablan también de la supuesta vinculación del exmandatario con la conformación del Bloque Metro de las AUC, en lo cual hay testigos de parte y parte que niegan o respaldan dichas teorías.

Ante situaciones tan delicadas y con tanta incidencia en la democracia colombiana, lo ideal es que se lleven a cabo investigaciones a fondo que aporten todas las claridades que nos aproximen a la verdad, y que nos permitan pasar la página de la malsana polarización en la que estamos. De hecho, lo ideal hubiera sido que la investigación inicial siguiera su curso en la Corte, como lo dicta el Estado de Derecho, y no que nos viéramos en la actual situación, en la cual la imagen de la justicia termina siendo mancillada.