La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en una decisión que ha sido calificada como inoportuna, decidió crear 1.208 cargos nuevos en ese organismo de control disciplinario, bajo el argumento de que se hace necesario ante la exigencia de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar una doble instancia objetiva en los procesos contra funcionarios públicos, una parte de investiga y otra que sanciona.
Alude, inclusive, a que la decisión de la CIDH en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, lo hace necesario. Hay que recordar que el exprocurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro en un proceso que, según el organismo internacional, violó el debido proceso al no habérsele garantizado una segunda instancia con un juez diferente, y más importante que eso, señaló que una destitución debe ser consecuencia de un fallo penal, lo cual no es competencia de la Procuraduría.
Bien hace la Corte Constitucional al anunciar que estudiará el caso, luego de que la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentaron una demanda que considera que no hay sustento para esta decisión que reforma el Código Disciplinario de la Procuraduría. Además de la inconveniencia de ampliar la burocracia en la entidad, de semejante manera, según estas organizaciones se estaría vulnerando el principio de separación de poderes y generando “un traslape de competencias entre la función disciplinaria y la judicial”.
Como sea, todo indica que esos nuevos cargos no se necesitan como lo asegura la procuradora, y que el pronunciamiento de la CIDH nada tiene que ver con esto. De hecho, la mismo organismo interamericano se pronunció recientemente criticando la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría, porque no cumple con los estándares internacionales, y por el contrario empeora el entuerto. Además, cuestiona que la Procuraduría todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular.
No se entiende, entonces, que sea el Gobierno Nacional, a través de un decreto el que abra este boquete en el ordenamiento normativo colombiano, al permitir que la Procuraduría cree una estructura paralela para tareas que extralimitan las atribuciones y naturaleza de ese organismo. 

Desde luego que debe tenerse una segunda instancia en el interior de la propia Procuraduría solo para asuntos disciplinarios, y eso no requiere generar más burocracia, sino repartir funciones. No genera credibilidad la afirmación de Cabello en el sentido de que no hay en esta decisión un interés político. Debió, por lo menos, esperar a que pasen las elecciones del 2022 para tomar una decisión de semejantes repercusiones.