Es cierto que las normas actuales les impiden a los funcionarios públicos, en general, participar en política, corresponde a una decisión legal a la que se llegó hace ya décadas en Colombia tratando de atacar la corrupción en la Administración Pública, ante la evidencia del uso de recursos del erario para financiar campañas y pagar favores a los electores. Una práctica que, a lo sumo, ha empeorado bajo la hipócrita realidad, de que todos los funcionarios públicos hacen política, pero a escondidas, por miedo a las sanciones.
 Actualmente en el país hay un escándalo por las intervenciones del presidente Iván Duque en las que rechaza los distintos planteamientos hechos por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y pareciera avalar la aspiración del candidato Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia. Se dice que la Procuraduría debería intervenir y sancionarlo ante su posible participación en política. El debate es válido, pero hay que ir un poco más profundo y mirar la lógica de dichas discusiones.
 Evidentemente lo que está haciendo el presidente de la República, que está de salida, es defender su obra de gobierno, al responder a propuestas de uno de los candidatos que estarían dirigidas a cambiar de manera radical lo que ha sido su gestión. Independientemente de que haya sido bueno o no su desempeño en el cargo, frente a lo cual toda clase de críticas son también válidas en una democracia, el mandatario tiene el derecho a manifestar sus puntos de vista acerca de lo que él piensa que hizo bien y no debería cambiarse.
 Es en ese punto en el que, evidentemente, la norma es incoherente. Estamos en mora en Colombia de que se tramite una ley que, en aras de la transparencia, permita que los gobernantes y funcionarios hagan política de manera abierta, sin hipocresías, sin cartas debajo de la mesa, sin tirar la piedra y esconder la mano. Para la democracia sería mejor que, incluso, un gobernante tenga la obligación de hablar con claridad acerca de quién cree que debe ser su sucesor. Así los ciudadanos también tendrán mayor certeza acerca de a qué atenerse si esa persona u otra es elegida de manera libre por el pueblo.
 Si bien la democracia en los Estados Unidos, por ejemplo, también es imperfecta, la manera en que funciona ha permitido consolidar dos grandes partidos políticos, el Demócrata y el Republicano, que alternan en el poder, y frente a los cuales los funcionarios públicos, que generalmente son políticos, se expresan sin límites en cuanto a sus predilecciones y respaldos, sin el discurso de doble moral que tenemos hoy en Colombia. Un escenario como este ayuda a consolidar la madurez democrática a la que debe aspirar un país como el nuestro.

Lo que no puede aceptarse de ninguna manera y frente a lo cual debe darse una lucha decidida y frontal es contra el uso de recursos públicos para beneficio de una campaña en específico, o seguir haciendo uso del clientelismo y del pago de favores burocráticos y de contratos a cambio de votos. En eso deben tenerse normas inflexibles, pero en la expresión de opiniones que evidencian la manera de pensar de los individuos que se dedican a lo público, que son políticos profesionales, es un adefesio que debe ser corregido urgentemente. Obligarlos a mantenerse en silencio es, inclusive, antidemocrático.