Es normal que entre el preconteo de votos del día de elecciones y los datos que arroja el escrutinio, que se realiza días después con la presencia de delegados de todos los partidos políticos, haya algún tipo de desfase que, generalmente, cambia de manera poco significativa los resultados iniciales, pero es un principio del sistema electoral colombiano que el dato oficial es el que sale al final de recontar los votos durante el escrutinio.
Esta vez, al hacer el escrutinio de las votaciones para Congreso de la República y de las consultas presidenciales, del pasado 13 de marzo, un porcentaje de cambio que antes estaba por debajo del 1% se transformó en cambios que representan cerca de 7% de los datos iniciales, lo que parece demostrar que la Registraduría Nacional del Estado civil cumplió una tarea deficiente en varios puntos del proceso. Las confesiones hechas en redes sociales por algunos jurados de votación que afirman haber manipulado el proceso generan más dudas acerca de la vulnerabilidad de este conteo.
El hecho de que, sin ruborizarse, el registrador Alexánder Vega haya anunciado el viernes un cambio profundo en la conformación del Senado, donde el Pacto Histórico quedaría claramente mayoritario con 19 curules, mientras que los partidos Centro Democrático, Conservador y Alianza Verde perderían cada uno una curul de las que les había entregado el preconteo, evidencia un serio desajuste en el proceso que tiene que ser revisado a profundidad para evitar algún problema de este tipo en las elecciones presidenciales.
Lastimosamente, todo, en general, ha sido una cadena de desaciertos de todos los actores. Inicialmente, que voceros del Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro, salieran a hablar de fraude fue exagerado, como también lo es que el Centro Democrático, encabezado por su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, y también el conservador Andrés Pastrana, digan ahora que no reconocen los resultados del escrutinio, cuando legalmente ese es el resultado que siempre corresponde al oficial, son graves desaciertos. Las cosas están muy mal cuando el mismo partido de gobierno habla de fraude.
En ambos casos debemos enfatizar que lo primero debe ser el respeto a la institucionalidad democrática, y que para cada posible error de la Registraduría se cuenta con herramientas jurídicas para buscar correcciones, si es necesario. Como sea, lo legal es que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que tome ahora el resultado del escrutinio, los apruebe o desapruebe, y emita su concepto de oficialidad. Frente a este procedimiento no pueden ensayarse caminos distintos que impliquen presiones de ningún tipo.

La gran tarea debe ser corregir urgentemente las fallas que se evidenciaron en el sistema electoral y brindar todas las garantías de transparencia. De la misma manera, desde los partidos y movimientos politicos debe hacerse una profunda reflexión acerca de su deber de respetar la institucionalidad democrática y aceptar los resultados verificados cualquiera que ellos sean, así les sea desfavorables. No podemos caer en juegos parecidos a los que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump expuso peligrosamente a su país.