El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció públicamente un cambio de modelo en la política de seguridad que apunta a la protección de los derechos humanos, lo cual es muy pertinente en nuestro país, pero que también podría servirle a los grupos armados ilegales para evitar ser atacados, pese a sus acciones criminales. El ministro aseguró que, de ahora en adelante, no habrá bombardeos de las Fuerzas Militares a campamentos de delincuentes en los que haya menores de edad.
Es verdad que en operativos desarrollados por los Ejército en contra de grupos armados ilegales en años pasados, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, algunos bombardeos terminaron matando a numerosos menores de edad (por lo menos 29), algunos de los cuales habían sido reclutados por esos grupos en contra de su voluntad y de sus familiares. Son errores que no se deben repetir. Está bien que se establezca el nuevo enfoque de proteger la vida de los menores, pero al revelarla abiertamente se les da herramientas a los criminales para que fortalezcan su estrategia de usar a los menores como escudos humanos.
Es una doctrina afín con los derechos humanos que se realicen las debidas operaciones de inteligencia, para minimizar los daños colaterales, cuando se haga necesario bombardear campamentos de delincuentes que sean renuentes a la política de desmovilización y desarme que está promoviendo el actual gobierno. Sin embargo, debe ser claro que la paz total de la que habla el presidente Gustavo Petro, siendo un objetivo deseable, no puede conducir a ser tolerantes con los ataques que lancen los criminales en contra de los civiles o de las Fuerzas Militares, y en algunos casos se deberán usar herramientas como los bombardeos para poder proteger a la población.
Lo ideal sería que se pudieran avanzar de manera efectiva en los diálogos de paz con el Eln y en la política de desmovilización de los demás grupos armados ilegales, para que se logre ponerle fin a sus acciones criminales, pero es evidente que esa meta no será fácil de alcanzar. También es verdad que no se les puede dar ventajas estratégicas a esas organizaciones, y será necesario presionarlas en muchos sentidos, incluso desde el punto de vista militar, para poder llevarlas a que entreguen las armas. Ojalá que los violentos muestren real voluntad de paz, pero conociendo sus actos, no hay que hacerse muchas ilusiones.
Ahora bien, es evidente que en nuestro conflicto armado el narcotráfico es el gran combustible de la guerra, y cualquier paso en la búsqueda de la paz también requiere garantizar que ese crimen pierda esa condición estratégica que ha tenido para los alzados en armas. En ese sentido, los anuncios de este gobierno de no hacer aspersión aérea de glifosato contra las cultivos ilícitos, y fortalecer la erradicación manual y voluntaria es coherente con la nueva política de seguridad, pero tiene que demostrarse con hechos que es un viraje exitoso.
En el mismo sentido, la nueva política antidrogas que se anuncia en acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos tiene que ser afín con estas decisiones, pero también demostrar que esos cambios tendrán mejores resultados que lo aplicado hasta ahora que, sin duda, ha dado pocos frutos en los cerca de 50 años de aplicación en los que se ha dado una sucesión de capos cada vez más hábiles y poderosos.