De manera cada vez más descarada y cínica, el régimen de Daniel Ortega viola derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses, sin que el resto del mundo condene de manera enérgica sus abusos y su actitud dictatorial. Tras varias semanas de espera, solo el papa Francisco se refirió en Roma el pasado domingo a lo que está ocurriendo en ese país centroamericano, donde Ortega viene ejecutando una persecución sistemática contra la Iglesia Católica.
Varios obispos han sido llevados presos mientras otros se han tenido que ir al exilio, por criticar la actitud déspota del mandatario y su política de perseguir a todo aquel que se atreva a hacer cualquier reparo a su forma abusiva de manejar ese país. El obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, por ejemplo, está preso por orden del gobierno, acusado de delitos inventados por el régimen a los que llama “terrorismo”. El pontífice, tras manifestar que está preocupado y con dolor, pidió “un diálogo abierto y sincero” en Nicaragua para lograr una convivencia “respetuosa y pacífica”.
No obstante, pese a que los abusos de Ortega son de vieja data y han afectado a los nicaragüenses de manera grave desde hace tiempo, nada ha logrado evitar que siga pisoteando los derechos humanos y que se perpetúe en el poder, haciendo uso de toda clase de triquiñuelas, dando apariencia de democracia a lo que es una dictadura de facto. Por tratarse de una pequeña república, con poco interés estratégico para las grandes potencias, los abusos parecen pasar desapercibidos.
Si bien en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se dio un fuerte rechazo a lo que está pasando en Nicaragua, por 27 estados miembros, algunos países como Cuba y Venezuela, por ejemplo, respaldan a Ortega, y Colombia no se hizo presente para sentar una posición al respecto. Si bien un pronunciamiento colombiano no será determinante para que las cosas cambien allí, sí resulta importante que el gobierno del presidente Gustavo Petro siente una posición acerca de lo que está pasando allí, que es muy grave.
Justamente ayer, en otra actitud intolerable del régimen de Ortega, que criminaliza la opinión que no le favorezca, el edificio del diario La Prensa fue confiscado por el gobierno, como represalia por la defensa de la libertad de expresión de sus periodistas y opinadores. Era un hecho previsible, tomando en cuenta que desde el 13 de agosto del año pasado la sede de ese medio, fundado hace 96 años, se encuentra ocupado por la policía sandinista.

Lo más grave es que a mediados de noviembre se deben realizar las elecciones municipales en ese país, en las que probablemente Ortega se asegurará, como lo hizo en las presidenciales, de eliminar cualquier posibilidad de que sus contradictores políticos puedan obtener un triunfo en las urnas. El mundo debe poner los ojos en Nicaragua y actuar para que cesen las violaciones a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.