Las horas recientes han sido azarosas para el muy accidentado proyecto energético de Hidroituango, que sería una de las obras más grandes de su tipo en América Latina. Tres hechos, prácticamente, simultáneos generan ahora grandes incertidumbres alrededor del 14,5% que falta para concluir esa ambiciosa represa, que ha tenido que atravesar un sino pedregoso desde el 28 de abril del 2018, cuando se vivió la emergencia del túnel de desviación que se bloqueó, y puso en grave riesgo a decenas de miles de pobladores del norte del país, habitantes de pueblos a orillas del río Cauca. Lo ocurrido esta semana parece complicar más ahora el panorama de la recta final de la obra.
 A la multa por $1.917 millones de la Superservicios a Empresas Públicas de Medellín (EPM), siguió el acuerdo con el Consorcio CCC Ituango para ejecutar lo que falta en 8 meses, para terminar con la segunda instancia de la Contraloría General de la República en contra de varios exdirectivos, entre ellos el precandidato presidencial Sergio Fajardo, y hasta el mismo Consorcio CCC Ituango, y otras 24 personas naturales y jurídicas que los compromete en el fallo de responsabilidad fiscal por $4,6 billones. Otros sancionados son los dirigentes políticos Luis Alfredo Ramos, Federico Restrepo, Juan Esteban Calle, Alonso Salazar.
 Ante esas circunstancias, CCC Ituango ya anunció que interpondrá acciones legales por considerar que se le violaron derechos, y aseguró que de ejecutarse ese fallo las obras para terminar el megaproyecto se verían comprometidas, y que las comunidades de aguas abajo se pondrían en mayor riesgo ante el uso extendido del vertedero. El ente de control argumenta su determinación en que hubo demoras y errores constructivos que han provocado el retraso en la terminación de la represa, que debió ser entregada en diciembre del 2018.
 Ahora bien, evidentemente en las obras de ese proyecto se cometieron una serie de errores que condujeron a la emergencia de hace cerca de tres años, y es importante que los entes de control actúen y sancionen a los responsables, que no haya impunidad en ningún caso y menos cuando están comprometidos recursos públicos, que nos pertenecen a todos los colombianos. Sin embargo, el país no puede quedarse mirando solo hacia el pasado, sino que hay que fijar la mirada en el horizonte y empeñarse en poner en funcionamiento la represa a finales del 2022, como está previsto. Los contratistas no pueden escudarse en el fallo sancionatorio para no cumplir lo pactado.

La coyuntura, sin duda, involucra no solo criterios técnicos sino también políticos, y frente a eso no hay que llamarse a engaños. Es un momento en el que debe reinar la sensatez y que más allá de lo que pueda implicar para personas específicas o para empresas de ingeniería, se impongan los argumentos técnicos, y sobre todo el convencimiento de que no deben tenerse más dilaciones en el plan de obras. Es urgente garantizar que en un año Hidroituango estará generando la energía que se tiene ya comprometida. Hay que ser muy responsables y no permitir que aparezcan nuevos distractores que perjudiquen de manera más grave el megaproyecto.