No más trabas a la JEP

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, insiste en que la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) debe ser objetada por el presidente de la República, Iván Duque, debido a que hay cuatro puntos que lo inquietan. Señala el tratamiento que se le da al delito de narcotráfico antes del 1 de diciembre del 2016, la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y exsubversivos, la supuesta renuncia de la JEP a investigar penalmente crímenes graves y las posibles fallas en la garantía de no repetición, como hechos que hacen necesario que no haya sanción presidencial, sino objeción. Asegura que se abriría la puerta para que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga en lo que ocurre en Colombia.
No obstante, llama la atención que esos reparos del Fiscal ya fueron planteados por él mismo durante los debates que se llevaron a cabo en el Congreso de la República el año pasado, de donde surgió una Ley Estatutaria debidamente concertada, que pasó luego al análisis de la Corte Constitucional, donde se hicieron algunas precisiones que no cambiaron la esencia de lo aprobado en el Legislativo. Inclusive, desde la Presidencia de la República se ha considerado la posibilidad de objetar la norma, pero solo en lo referente a las penas para abusadores de menores en el conflicto.
Ahora bien, como si fuera poco el tortuoso camino que ha debido cruzar la JEP con todos sus componentes, ahora el senador Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, propone eliminar esa instancia judicial, lo que significaría echar a pique el acuerdo de paz con las Farc y exponer al país a que se encienda de nuevo la guerra, después de unos años en los que los niveles de violencia han tenido descensos innegables. Se busca resolver una supuesta impunidad dándole un golpe a la institucionalidad colombiana. Lo que debemos entender es que, necesariamente, cuando se busca acabar con los conflictos de manera negociada, se establece una justicia transicional como garantía para que en el futuro una sociedad no recaiga en los errores que llevaron al conflicto.
La realidad es que el balón de la JEP está en el campo de la Presidencia, y el futuro de la paz está en manos del presidente Iván Duque. Antes de objetar tiene la posibilidad jurídica de pedirle aclaraciones a la Corte, con el fin de despejar dudas específicas. Si, finalmente, decide objetarla por inconveniencia, el Congreso tendría que designar una subcomisión que estudie el caso y proponga recomendaciones a las plenarias de Senado y Cámara, quienes tendrán la última palabra. En todo caso, el documento volvería a la Casa de Nariño para la sanción del Presidente. Tantas vueltas serían caprichosas, cuando la máxima instancia constitucional de la Nación ya dio su aval.

Es poco sensato que después de tanto debate que se le ha dado a la JEP para que funcione, toda esa jurisdicción siga en el limbo y que se manden mensajes al mundo de inseguridad jurídica y de incumplimiento del Estado a los acuerdos con una guerrilla que se desarmó y cuyos miembros esperan reinsertarse a la sociedad. Además, las víctimas, que deberían ser el centro de las preocupaciones de todas las instituciones del Estado para que logren sus objetivos de verdad, reparación y garantía de no repetición, permanecen en el aire, perdiendo cada vez más la esperanza de ser compensadas. Y hasta miembros de la Fuerza Pública que se acogieron a la JEP ven cómo sus procesos no hallan el camino de resolución en el marco de la justicia. Son 15 mil personas, en total, que esperan definiciones prontas, y no más aplazamientos injustificados.