Hace 9 semanas, al mediodía del 4 de septiembre, nueve jóvenes murieron víctimas de quemaduras que sufrieron en la estación de Policía San Mateo, en Soacha (Cundinamarca), debido a un incendio que habría sido provocado por uno de ellos, cuando prendió fuego a una cobija, como protesta por la negativa de los uniformados de permitir la visita de sus familiares a ese lugar, en el que se encontraban detenidos de manera temporal, y en proceso de judicialización. Tres jóvenes más que también sufrieron quemaduras ese día pudieron salvar su vida, aunque uno permanece hospitalizado.

Cuando algunos medios le preguntaron al coronel César Ovidio Castro, comandante de la Policía de Cundinamarca, acerca de por qué apenas ahora se conoce lo ocurrido en ese lugar, la respuesta fue que en su momento el hecho se dio a conocer a la opinión pública, pero no hay evidencia de ello. De lo que sí hay evidencia es que ningún medio se enteró, pese a que murieron allí nueve personas (un joven el día de los hechos y los demás algunos días más tarde en centros asistenciales a los que fueron trasladados por sus familiares).

Este hecho se produjo 5 días antes de que el abogado Javier Ordóñez fuera asesinado por dos policías en el sur de Bogotá, en un acto de brutalidad policial, y de que otras 13 personas murieran con disparos de agentes de esa institución, varios de ellos en Soacha, cuando decenas de jóvenes salieron a protestar por la muerte de Ordóñez. Lo más grave es lo que denuncia el concejal bogotano, Diego Cancino, en el sentido de que los familiares de los jóvenes que murieron a causa del incendio en la estación policial no habían dicho nada durante este tiempo, debido a que las madres de los muchachos tienen miedo de hablar por las amenazas que habrían recibido.

Las denuncias tienen otros elementos que agravan la situación, porque al parecer los maltratos físicos y la restricción de alimentos fueron prácticas previas a la tragedia, las cuales son a todas luces atentatorias de los derechos humanos, y harían más oscuro el contexto en el que se dieron esas muertes, frente a las cuales las explicaciones dadas resultan insuficientes. Las investigaciones internas de la Policía son importantes, pero es fundamental que tanto la Procuraduría como la Fiscalía investiguen a fondo lo sucedido y tomen medidas que se equiparen con la gravedad de lo ocurrido.

En esto hay que tomar en cuenta que el hecho de que los jóvenes estuvieran detenidos implicaba que los uniformados eran los responsables de lo que les ocurriera en ese lugar, y que de acuerdo con lo dicho por los familiares de las víctimas, los uniformados no hicieron nada para salvar la vida de los muchachos, e incluso en algunos momentos impidieron que los allegados a los jóvenes trataran de sofocar las llamas, como se observa en uno de los videos que se han conocido de ese momento trágico. Nueve muertes que podrían haberse evitado tienen que tener consecuencias.