El proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República tiene cosas positivas y otras por mejorar, y su trámite no sería tan traumático si el país no se encontrara en la crisis por la que pasa. Depende de donde se le mire, algunos la ven como un salto positivo que podría mejorar el sistema de salud, pero otros la aprecian como un proyecto que puede generar riesgos adicionales que hoy se tienen en el manejo de los recursos, por ejemplo, o en la llamada integración vertical, lo que podría ir en contra de los usuarios.
 La realidad es que, comparado con otros países, el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia es bastante amplio. Tiene una gran cobertura de población y el Plan Obligatorio de Salud (POS) tiene una oferta de medicamentos y procedimientos médicos que no se tiene en otros lugares del mundo. No obstante, las quejas habituales de los pacientes es que las citas con especialistas son demoradas y que las enormes deudas de las EPS con las clínicas y hospitales (que ascienden a unos $16 billones) llevan muchas veces al llamado “paseo de la muerte”.
 El proyecto apunta a reforzar la prevención y promoción de la salud, asunto en el cual no se han logrado los avances esperados. La figura del médico familiar a la que se apunta podría ayudar mucho a que ese propósito pueda alcanzarse, tomando en cuenta que un solo médico tendría un panorama completo de la salud de los miembros de un hogar y actuar impulsando hábitos de calidad de vida. Acabar con la tercerización en la contratación de los profesionales de la salud también sería positivo, para dar estabilidad a este enfoque. Además, uno de los problemas de nuestro sistema de salud es que, al tener una orientación curativa, los costos se elevan demasiado.
 Un punto que debe analizarse es el del aseguramiento, y si el proyecto es afín con la Ley Estatutaria del 2015. Tenemos la percepción de que ese modelo, en términos generales, ha funcionado bien, pese a las críticas a la intermediación, ya que la gran mayoría de colombianos tiene garantías de acceso con un mínimo aporte económico. Lo que requiere un examen mayor es si es válido permitir que los recursos que financian el sistema pierdan la exclusividad para inversión en salud, lo que generaría algunos riesgos, aunque con reglas básica eso podría ayudar a darle una mayor solidez económica. La posibilidad de pólizas adicionales también habría que revisarla.

Tomando en cuenta el momento actual, en el que hay afectaciones a causa de la pandemia de covid-19, hay debilidades que han aparecido y que es necesario ajustar. Por eso, tal vez lo pertinente sea continuar la discusión del proyecto en el Congreso, pero con una revisión que permita generar cambios que sean en realidad positivos para los colombianos. La regionalización, por ejemplo, puede ser un camino correcto, ya que por las características dispares de nuestras regiones las necesidades no son uniformes. Ahora bien, un punto que debe erradicarse es el de los regímenes especiales, ya que ningún ciudadano debería tener privilegios por encima de los demás: la equidad debe imperar.