Las violencias en Colombia nos recuerdan cada día que, si no privilegiamos la vida y la dignidad humanas por encima de los demás derechos, va a ser muy difícil que podamos alcanzar un nivel de avance en nuestra sociedad, de acuerdo con los estándares modernos de lo que es la calidad de vida para todos en un país. La cifra de esta semana que nos recordó el lugar de tristezas en el que aún vivimos es que se llegó a 100 líderes sociales asesinados en el país durante lo corrido del 2022, según cifras del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), 11 más que el conteo que hace la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Cualquiera de las dos cifras debe verse como un fracaso del Estado para proteger a quienes luchan por ideales.
Cada vez que se conoce el asesinato de un líder social se sacan cifras que dicen que son menos, o que son hechos aislados o se buscan mil razones que, en lugar de mostrar resultados, tratan de desviar la atención sobre la gravedad del hecho. La muerte de uno solo de estos colombianos porque a alguien le pareció que sus causas afectaban sus intereses tiene que ser vista con la misma gravedad, porque caer en la justificación, en la evasión de la responsabilidad o en restarles importancia son maneras de darles alas a los violentos.
Comprendemos que no es fácil para el Estado proteger a todas las personas que puedan estar en riesgo, porque en nuestro país esa es otra cifra absurda, y porque efectivamente las causas de la violencia son de diferente origen y esto también afecta en la matanza de quienes enarbolan causas sociales, ambientales, sindicales o de otro tipo. Sin embargo, es evidente que tampoco las políticas públicas que se han trazado con el fin de salvar vidas han cumplido con lo esperado. Se siguen cometiendo estos asesinatos y en vez de reducir las cifras, aumentan. La Comisión de la Verdad llamó la atención sobre la importancia para las comunidades que tienen sus voceros y por eso el llamado reiterado al Gobierno a no estigmatizarlos y a protegerlos y reconocerlos y a desentrañar las causas de este fenómeno de violencia.
Mención aparte merece la muerte de indígenas. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, 85 miembros de estas comunidades han sido asesinados este año, muchos de ellos líderes. Estos han sido víctimas de las guerras entre bandas criminales que se pelean los territorios, también por negarse a que recluten a miembros de sus pueblos para la guerra, así como por por disputas políticas. Es lamentable la situación y no podemos quedarnos tan tranquilos frente a lo que ocurre.

El presidente electo, Gustavo Petro, durante la campaña presidencial y desde antes criticó la falta de contundencia del Estado en la protección de los líderes y de la población colombiana en general. Por eso, se cree que tenga pensada una estrategia más efectiva de protección. Sabemos que la realidad colombiana es capaz de sobrepasar a cualquiera y por eso tendrá que ser mucho más que definir unas políticas públicas, deberán atacarse de manera contundente los generadores de violencia en los territorios, como son las estructuras del narcotráfico y los grupos armados ilegales. La propuesta de que se puedan respetar acuerdos de paz territoriales tiene que dejar por fuera la posibilidad de que se les permita a los delincuentes ejercer autoridad. Seguramente así se piensa desde el alto Gobierno, pero falta ver si eso es lo que también piensan los actores armados.