Lo que debemos exigir los ciudadanos a la actual Alcaldía es que los cuantiosos recursos nuevos que ingresarán a las arcas municipales sean invertidos con eficiencia.

La emisión de las facturas del Impuesto Predial para este año vienen generando revuelo en Manizales por los incrementos que se reflejan en los nuevos cobros. El salto en los pagos ocurre, principalmente, por la reciente actualización catastral en la ciudad, la cual se toma como base para calcular ese impuesto. Tomando en cuenta que desde hace 12 años no se hacía esa actualización es natural que en muchos casos se estén dando significativas alzas en el Predial.
Hay críticas alrededor de la rapidez con que la firma contratista, Masora, hizo su trabajo de actualizar los avalúos catastrales en Manizales, porque no se hizo con visita predio a predio y, ante el elevado incremento, hay la idea de que se cometieron muchos errores. No obstante, desde la firma contratista se explica que se usaron herramientas tecnológicas (ortofotomapa) que permitieron identificar fácilmente lugares de la ciudad que cambiaron de manera significativa los usos del suelo, y es en esos lugares donde ocurrieron los mayores cobros en el impuesto. Solo donde vieron necesario contrastar datos en el terreno, la firma acudió directamente al predio.
La explicación que entregan desde la Secretaría de Hacienda es que, aún en casos en los que un lote se convirtió en edificio, y el avalúo catastral pudo haberse incrementado demasiado, el Impuesto Predial subirá en un 35% como máximo. Lo que nunca puede pasar es que el avalúo catastral esté por encima del avalúo comercial. Obviamente, cualquier incremento en estos momentos, cuando apenas estamos saliendo de la pandemia de covid-19, y cuando pasamos por una crisis económica en los hogares por cuenta de la inflación acelerada, es difícil recibir nuevos cobros como el del Predial.
Ahora bien, evidentemente, la única manera en que los municipios pueden financiar las obras que debe realizar en beneficio de toda la población es con impuestos, lo que debe garantizarse es que se cobre lo razonable, y eso es algo que todos debemos entender. Si la actualización catastral se hubiese hecho, al menos, hace seis años, muchos predios que no han pagado impuesto durante todo este tiempo ya lo estuvieran haciendo y el golpe no sería tan severo. Es justo reconocer que la actual administración asumió la responsabilidad de no seguir dilatando esta tarea.
Como sea, los reclamos están a la orden del día, e incluso se anuncian demandas para tratar de tumbar la actualización catastral (lo que agravaría más el problema a futuro), y lo fundamental es que se atiendan con eficiencia los reclamos de la gente, que se corrijan los cobros sin dilaciones si hay injusticia, pero que tampoco nadie que deba pagar deje de hacerlo, y que lo haga por los montos razonables, entendiendo que por negligencia de administraciones municipales anteriores e ineficiencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no se cobra lo justo desde hace tiempo.

Lo que debemos exigir los ciudadanos a la actual Alcaldía es que los cuantiosos recursos nuevos que ingresarán a las arcas municipales sean invertidos con eficiencia y con propósitos que impacten de manera positiva el desarrollo de la ciudad. Se calcula que serán unos $30 mil millones nuevos. Queda, además, la lección de la inconveniencia de dejar pasar mucho tiempo para actualizar avalúos, por lo que esperamos que quien esté al frente del gobierno local en el 2027 cumpla cabalmente con su responsabilidad.