Numerosos fueron los perdedores en las votaciones del domingo, varios de ellos pertenecientes a partidos políticos tradicionales o fuerzas emergentes que perdieron impulso o que ya van de capa caída. Obviamente, también hubo ganadores, y sus triunfos modelarán la realidad política colombiana en los próximos años, en la que parece seguir prevalente la polarización, cuya mayor evidencia fue la baja votación de la coalición Centro Esperanza, que obtuvo el peor resultado entre las consultas.
Sin embargo, entre los más grandes perdedores de la jornada están las víctimas del conflicto armado, quienes aspiraban a tener una legítima representación en las 16 curules aprobadas como parte de los acuerdos de paz con las desmovilizadas Farc. La evidencia hoy es que una buena parte de esos lugares en el Congreso de la República serán ocupados por herederos de paramilitares y representantes de partidos políticos tradicionales, que de manera tramposa, pusieron candidatos a los que ayudaron a elegir, en desmedro de quienes legítimamente debieron haber accedido a estas posiciones.
En los 167 municipios más afectados por el conflicto armado colombiano, donde hoy funcionan los PDET, en los que permanece la mayoría de los excombatientes, cerca de 534 mil personas salieron a votar por quienes ocuparán las llamadas curules de paz. En medio de toda clase de limitaciones y dificultades, los ciudadanos dieron sus votos para escoger a estos particulares representantes, pero la verdad es que buena parte de las comunidades se movieron bajo todo tipo de motivaciones, algunas no de total convencimiento. Ello se refleja en las, por lo menos, 7 curules de esta clase, cuestionadas.
Sin duda que se tuvo la buena intención de darles participación a las víctimas en las soluciones del conflicto, pensando en que su protagonismo era necesario para ayudar a pasar la página de la violencia en el país. Esa era, por lo menos, la intención de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (Citrep). No obstante, lo cierto es que tras un gran retraso en su creación, debido a toda clase de obstáculos para obtener viabilidad jurídica, el resultado no refleja el deber ser de su propósito, y en muchos casos se han convertido en un elemento de revictimización.
Lo ocurrido en la vía entre Santa Marta y Riohacha, en donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada declararon un paro armado y prohibieron a los habitantes salir a votar, es ilustrativo de esta situación. Allí mismo, el 10 de marzo cerca de 20 candidatos renunciaron por la falta de garantías y presiones de clanes políticos de la región. El resultado: en esa circunscripción fue elegido en una de esas 16 curules Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exparamilitar Jorge 40, quien logró inscribirse en el registro nacional de víctimas, único requisito para aspirar; realmente el mundo al revés. Su argumento es que él es hijo de la guerra y quiere ser padre de la paz. Como los Tribunales Electorales Transitorios de Paz no fueron creados, como era lo legal, no hubo manera de atajar esa candidatura.

Otros, descaradamente, aparecieron en mítines políticos al lado de líderes de partidos tradicionales, como ocurrió en el Tolima, Córdoba y Chocó, por ejemplo, lo que rompió las reglas de juego. Sin embargo, no hay claridad acerca de mecanismos que permitan cambiar lo ya ocurrido en las elecciones. Ante esta realidad es deber de la ciudadanía hacerles seguimiento a las 16 personas electas para que realmente cumplan con su labor legislativa de trasladar las necesidades de las víctimas en las regiones al Congreso.