En 18 de los 32 departamentos de Colombia, principalmente Cauca, Valle del Cauca, Huila y en la Costa Atlántica se viven de tiempo atrás invasiones de terrenos públicos y privados, con el argumento de los ocupantes de reclamar lo que, supuestamente, les pertenece. La Procuraduría General de la Nación reportó 34 casos específicos. Los invasores son, principalmente, comunidades indígenas, negras y campesinas que han incrementado estas acciones de hecho, con las que pretenden hacer la reforma agraria anunciada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En varios lugares del país se ha generado una reacción de solidaridad entre los propietarios de los predios, sobre todo ganaderos, que pese a su buena intención podría terminar mal en el momento en el que las emociones desborden a la razón, y se generen nuevos conflictos que se sumen a los ya existentes. También hay casos de trabajadores de fincas que están preocupados porque su estabilidad laboral está en riesgo debido a las invasiones. Esto ocurre, infortunadamente, debido a que las autoridades nacionales han sido permisivas con las invasiones y no se ha actuado para proteger debidamente las propiedades invadidas. 
Debemos recordar que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hace cerca de un mes dijo que les daba 48 horas a los invasores para despejar los terrenos invadidos, pues de lo contrario ingresaría la Fuerza Pública a recuperarlos. Han pasado los días y las semanas y, excepto un caso específico en el Huila, la pasividad de la Policía ha sido evidente, y en lugar de soluciones cada día aparecen nuevas invasiones en otros lugares del país, en las que inclusive los ocupantes ilegales se han visto enfrentados entre ellos, ya que cada uno reclama supuestos derechos.
La realidad es que las expectativas generadas por el gobierno de Petro alrededor de una gran reforma agraria, contenida en el Acuerdo de Paz de La Habana, ha llevado a que este tipo de actitudes ilegales crezcan como espuma y que el Ejecutivo se haya mostrado incapaz de responder adecuadamente en poner orden. Desde el Ministerio de Agricultura, basándose en el informe de la Procuraduría, lo que se afirma es que hay funcionarios públicos en diversas regiones que, inexplicablemente, están fomentando que esas ocupaciones ilegales ocurran.
Es necesario que el Gobierno Nacional reaccione, y no permita que la ilegalidad siga ganando espacio en este conflicto por la tierra. Desde luego que no puede aceptarse ninguna acción violenta de autodefensa, pero tampoco se puede ser tolerante con las ocupaciones ilegales o invasiones. Así mismo, debe estructurar una buena reforma agraria integral que sea equilibrada y que no afecte derechos adquiridos de nadie. Por el contrario, tiene que enfocarse en darle al campo el papel protagónico que se necesita, y en el que productores grandes y pequeños deben complementarse en lugar de tener tensiones entre ellos.
En ese sentido, la intención de entregar títulos de propiedad de 681.372 hectáreas a 12.600 familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en 19 departamentos puede ser un buen arranque, pero hay que hacerlo rápido y sin permitir nuevas violaciones a la propiedad. Para que esa transformación del campo sea positiva hay que comenzar por resolver de inmediato estas invasiones que van en contravía de los propósitos que debe tener una visión promisoria de ese sector fundamental de la economía.