Como gobernador de la región de Moquegua en el 2014, Martín Vizcarra habría recibido $623 mil dólares (unos $2.300 millones) para favorecer un contrato para construir un hospital y una carretera, cuya investigación se basa en supuestos testigos. Tal revelación fue suficiente para que el Congreso del Perú destituyera por “incapacidad moral permanente” al presidente de la República, a quien le faltaban solo ocho meses para terminar su periodo. En septiembre del 2019 el mandatario también estuvo en la cuerda floja, debido a un supuesto contrato irregular con un popular cantante local, Richard Cisneros, y en el cual Vizcarra habría manipulado testigos para salir limpio.
Lo cierto es que desde que asumió el poder, en marzo del 2018, tras la caída del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (obligado a renunciar por evidencias de una coima de Odebrecht), Vizcarra no la ha tenido fácil. En el Congreso buscaron todas las maneras para sacarlo del sillón presidencial, en una clara retaliación por su decisión de revocar el parlamento y llamar a nuevas elecciones legislativas. En tales comicios tuvo el infortunio de que los mismos sectores políticos que quiso sacar lograron mayoría y le hicieron la vida imposible. Por eso, algunos se preguntan si los congresistas que lo expulsaron del poder tenían la “capacidad moral” para hacerlo.
Esta situación confirma la gran inestabilidad política del Ejecutivo peruano desde hace tiempo. Es ilustrativo el caso de Alan García y su fatal desenlace cuando iban a capturarlo por un soborno de Odebrecht; Alberto Fujimori no solo fue destituido, sino que terminó en la cárcel por varios delitos, aunque Kuczynski lo indultó en el 2017; Alejandro Toledo, también involucrado con Odebrecht, se mantiene prófugo de la justicia; Ollanta Humala, salpicado por lavado de activos, ya pagó condena y es candidato otra vez. Ahora llega Manuel Merino, quien era el presidente del Congreso y estará hasta que se realicen elecciones generales. Se teme que aproveche para tomar algunas medidas populistas, que le sirvan a su sector político en las próximas elecciones.
De acuerdo con Vizcarra, detrás de su caída está el exmilitar golpista sentenciado por homicidio Antauro Humala, quien desde prisión coordina con la bancada opositora radical (68 de 130 legisladores) el aplazamiento de las elecciones generales de abril del 2021, con el argumento de la pandemia de covid-19, y darle más tiempo al actual Congreso. Es llamativo que el caso por el que fue destituido el presidente corresponda a la reapertura de una investigación que ya la Fiscalía había archivado. De hecho, cuando fue gobernador de Moquegua logró los indicadores más altos en desarrollo social, educación escolar y el mejor índice de desarrollo humano, lo que lo proyectó a instancias nacionales y, posteriormente, a la Presidencia.
Esta crisis política viene a sumar perjuicios mayores a la ya golpeada economía peruana, que debido a los efectos de la pandemia, sufrirá una caída por encima del 12% este año. La inestabilidad llevará, con seguridad, a que la inversión que había en el horizonte se extinga. En esto hay que reconocerle a Vizcarra su actitud de irse sin generar nuevos traumatismos, lo que debería ayudar a garantizar unas elecciones oportunas, que ojalá ayuden a una depuración política en el país vecino.
