Plan de seguridad, con riesgos

La semana pasada el presidente Iván Duque presentó en la base militar de Tolemaida la nueva Política de Defensa y Seguridad (PDS), que pretende implementar durante su gobierno, con lo que llama un enfoque multidimensional. Es acertado en ese plan una lucha del Estado en contra de las organizaciones criminales que pretendan desestabilizar las instituciones y usar el terrorismo para intimidar a los colombianos. Se tienen que impulsar acciones más contundentes contra quienes delinquen, para quienes desde el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión han montado una industria criminal.
También está bien concebido que entre los cinco pilares de esa política estén el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la nación, a los cuales las Fuerzas Militares deben proteger por encima de cualquier otro interés. Igualmente, es importante estar abiertos a la cooperación internacional en términos de defensa, sin que ello implique comprar guerras ajenas o servir de base para emprender nuevas guerras innecesarias. El pilar de desmantelar las economías ilícitas y fomentar el cambio hacia las lícitas también puede considerarse acertado. El pilar de aprovechar los avances en innovación, ciencia y tecnología para luchar contra el crimen es una buena medida, pero en eso habrá que tener especial cuidado.
No obstante, el plan de intervenir y recuperar los territorios donde hay problemas de seguridad y vacío institucional, que sin duda es un loable propósito que ojalá se concrete, no debería contemplar en sus estrategias esquemas de redes ciudadanas para luchar contra el delito, que lastimosamente nos podrían remitir a épocas en las que se cometieron graves crímenes en contra de personas inocentes en varias regiones. Es acertado llamar a que las comunidades sean más activas para denunciar hechos criminales, pero sin que ello implique las mal recordadas redes de informantes y la política de recompensas que condujeron a fabricar resultados a la fuerza. La ahora llamada "red de participación cívica" podría salirse de las manos y terminar convertida en otra cosa, contraria al objetivo inicial.
Está bien que se piense en crear las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), que serían espacios territoriales donde se concentran altos índices de criminalidad, necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema y población en condición de vulnerabilidad, pero no solo para ejecutar allí acciones militares, sino más que nada intervenciones de todo el aparato institucional del Estado que ayude a que esas regiones superen el profundo atraso que padecen. Hay que cumplir con el mandato constitucional de brindar seguridad a todos los colombianos, pero que ello no signifique poner en riesgo la vida de inocentes, cuando el enfoque solo debe ser perseguir al criminal.
Si a esto le sumamos la decisión de flexibilizar los permisos para la tenencia de armas en casos especiales, como dice el Gobierno, los riesgos se multiplican. Insistimos en que el monopolio de las armas tiene que estar en el Estado, y que incluso el gran objetivo debería ser desarmar totalmente a los civiles que puedan estar hoy armados de manera ilegal. No hay una sola situación excepcional en la que un particular pueda estar habilitado para usar armas. 

Esto último no conjuga bien con la idea de lograr una cooperación de ciudadanos con información para luchar contra el crimen; en esto el riesgo es bastante grande, y podría terminar yendo en contra de los derechos humanos que dice defenderse. Lo que se necesita es una política de seguridad que ayude a consolidar la paz, que parta de la realidad de que el desarme de las Farc hizo descender las muertes violentas en forma vertiginosa, y que busque que los homicidios, por ninguna causa, puedan incrementarse.