En el bombardeo a un campamento de guerrilleros en Calamar (Guaviare), que sería liderado por el disidente de las Farc Miguel Botache, alias Gentil Duarte, habrían muerto varios menores de edad, según lo denuncian comunidades de esa región. Ya está probado, por lo menos, que la menor Danna Lizeth Montilla, de 16 años, quien habría sido reclutada a la fuerza y evidentemente no era una criminal está entre las víctimas. No es la primera vez que esto ocurre: en agosto del 2019 en un hecho similar en el sur de Caquetá murieron siete menores de edad.
La acción militar del 2 de marzo ha generado una gran polémica, principalmente por la respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, para justificar el bombardeo. Esta es la frase textual: “Yo que fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de las Farc y lo que hicieron las Farc fue preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana y por eso aquí se tiene que usar el uso legítimo de la fuerza”. El hecho de calificar a los menores de edad como “máquinas de guerra” en lugar de justificar lo ocurrido constituye una declaración aberrante.
Indudablemente, a nuestras Fuerzas Militares se les exige contundencia contra los criminales, a los cuales hay que capturar para llevarlos a la justicia y que allí paguen por sus crímenes. De igual manera, cuando en desarrollo de las operaciones de búsqueda de delincuentes como Gentil Duarte es necesario el combate, se espera que el Ejército golpee con contundencia a sus atacantes y, si es necesario, darlos de baja haciendo uso legítimo de la fuerza. Lo que no puede ocurrir es que víctimas de esas bandas o civiles inocentes terminen muertos como si fueran criminales.
No es fácil ser militar en Colombia, sin duda, el largo conflicto armado que hemos padecido hace que nuestro Ejército tenga que estar entrenado para actuar sin ambivalencias. Sin embargo, también está obligado a ser muy preciso, para no violar los principios del Derecho Internacional Humanitario y que en sus limpias operaciones sean golpeados solo los delincuentes, no quienes son reclutados contra su voluntad, menos si son menores de edad, cuyos derechos están por encima de todos los demás. Ponerlos en la misma bolsa es revictimizarlos, cuando el deber del Estado es protegerlos. Para ello se necesita mucha inteligencia, virtud que debería ser asunto estratégico prioritario en las Fuerzas Militares.
Lo que actualmente ocurre con siete jóvenes de esta región que habrían sido retenidos contra su voluntad por la banda Los Caparros en el Bajo Cauca antioqueño es ilustrativo de estos casos, y sería un acto bárbaro e irracional que el Ejército en sus tareas de persecución a las bandas criminales lance un bombardeo en el que se pusiera en riesgo la vida de esos jóvenes, claramente inocentes. No es posible justificar lo ocurrido en el Guaviare diciendo que esos menores son “máquinas de guerra”, cuando la obligación del Estado es protegerlos, rescatarlos.
