El Congreso de la República, en una decisión con gran respaldo político pese a la oposición de los gremios económicos, aprobó el proyecto que reducirá la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales en Colombia de manera gradual entre el 2023 y el 2026. La propuesta, presentada por Álvaro Uribe Vélez antes de renunciar al Senado, tendrá efectos contrastantes de acuerdo con lo señalado por analistas, ya que si bien fue ofrecida como una opción para generar empleo, se teme que el efecto será totalmente contrario, con menos empleos dignos y más informalidad.

 Así lo considera la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que durante los debates en el Legislativo advirtió de la posibilidad de que cerca de medio millón de trabajos se pierdan como consecuencia de la aprobación del proyecto. La realidad es que al tener que pagar lo mismo a quienes trabajarán menos va a afectar a las empresas, las cuales vienen ya golpeadas en sus finanzas por la pandemia y por el paro reciente.

 Se acerca, además, una reforma tributaria que seguramente afectará la caja de las empresas, lo que enturbia más el panorama para el crecimiento económico y la generación de empleo. Aunque el cambio empezará a regir en el 2023, no se vislumbra que en ese momento las cosas hayan mejorado ostensiblemente y que la afectación sea menor.

 Suena muy bien que se haya tomado una decisión como esta, porque eso implica que los trabajadores puedan teóricamente pasar más tiempo con sus familias. El problema es que eso solo ocurrirá así para quienes puedan conservar sus trabajos, mientras que para quienes los pierdan la percepción será contraria, al tener que estar en casa cuando quisieran estar una buena cantidad de horas diarias en un trabajo.
 Si bien la tendencia en el mundo es recortar la jornada laboral, para ubicarla cerca de las 40 horas semanales, el momento no parece el adecuado para dar ese paso en nuestro país, menos cuando el desempleo está disparado y la posibilidad de recuperar los puestos de trabajo perdidos no se observa cercana. Más parece una decisión populista, en la que los congresistas tienen la mirada puesta en las elecciones del próximo año, y no parece importar que esta idea sea solo una falacia que le saldrá costosa al país.

 Un proyecto aprobado que sí vale la pena resaltar de manera positiva, ya que apunta a brindar una mayor equidad laboral entre hombres y mujeres es el de paternidad compartida. Ello no solo incentiva que el padre pueda estar más tiempo con sus hijos en los primeros días de vida, sino que se reduzcan los obstáculos para la contratación de mujeres en las empresas ante la posibilidad de que surja un embarazo.
 
Con la nueva ley, en la que la madre puede ceder al padre buena parte de su licencia, rompe con la discriminación de género a la hora de contratar, y puede ayudar a bajar la proporción de mujeres desempleadas. Lo que falta ahora es que haya una iniciativa más decidida a crear más puestos de trabajo para los jóvenes, que es el segmento poblacional con dificultades mayúsculas para emplearse.