La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, está en el ojo del huracán, debido a la denuncia de la Universidad Externado de Colombia, en donde estudió su maestría, acerca de que una herramienta tecnológica aplicada a su tesis de grado arrojó que buena parte del documento fue copiado textualmente de otros escritos en internet, lo que constituye un plagio. La líder política del partido Centro Democrático asegura que es inocente y que la universidad se equivoca.

 Lo cierto del caso es que no es un aparecido quien asegura que allí se pudo haber configurado un delito, sino que estamos hablando de uno de los más importantes centros universitarios colombianos, que acumula a lo largo de la historia una enorme credibilidad y cuyo comunicado oficial, emitido por sus respetables directivos, tiene que ser visto como un documento confiable, que no puede rechazarse de plano y tratar de desprestigiar con señalamientos temerarios.

 Es tan serio el asunto que la Corte Suprema de Justicia ya tiene previsto abrir una indagatoria preliminar a la presidenta de la Cámara, para que entregue su versión de los hechos y tener así elementos suficientes para analizar la apertura de una investigación formal. De acuerdo con las normas, Arias podrá ser llamada a rendir versión libre o a indagatoria y al final del proceso, si es hallada responsable, tendría una sanción penal.

 Este episodio, teniendo un marco ético y legal innegable que debe seguir su curso, se ha trasladado a las subjetivas apreciaciones políticas, en las que miembros del mundo político colombiano afines ideológicamente o con cercanías de amistad con la representante han salido a defenderla a rajatabla y a tratar de restar credibilidad a una institución tan prestigiosa como la Universidad Externado. Desde los sectores de oposición también se ha aprovechado para juzgarla sin el debido proceso y para exigir su renuncia al Congreso, al considerarla indigna de ocupar una curul.

 Lo cierto del caso es que ni una cosa ni la otra son viables en estos momentos. Debe haber presunción de inocencia, pero también despejar el camino a la justicia para que actúe sin que haya obstáculos. Por eso, mientras que se aclara este episodio tan complejo, lo sensato sería que la actual presidenta de la Cámara opte por retirarse de ese cargo y, como congresista, acuda a las instancias judiciales a las que sea llamada para dar sus explicaciones. No es digno para el país que una persona que ocupa un sitial tan importante, en el que se debe dar el mejor ejemplo, esté envuelta en una polémica que involucra su ética. Eso le hace mucho daño al ya muy cuestionado Congreso de la República.
 
Todos debemos entender que cuando se ocupan cargos de responsabilidad pública, y más cuando se llega a esas posiciones por la confianza brindada por los ciudadanos, a través del voto, no puede haber ninguna sombra de duda alrededor de la conducta de un funcionario. Además, en muchas ocasiones no se requiere que haya una ilegalidad para aceptar que lo más sensato es tomar distancia, porque más importante que ello es la ética la que se pone en juego y frente a la cual no puede haber ninguna mancha en el servidor público.