En la medición de este año, Transparencia Internacional calificó a Colombia con apenas 37 puntos, lo que la llevó a ocupar el puesto 96 en el mundo, siendo Dinamarca y Nueva Zelanda, con 87 y 86 puntos, respectivamente, los mejor calificados. No solo estamos muy lejos de los primeros, sino que estamos por debajo del promedio mundial, que es 43. Razón tiene el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, en asegurar que la lucha contra la corrupción debería ser la prioridad número uno del Estado, pero que eso en Colombia no se logra porque somos un país corrupto. Fue incluso más allá, al referirse a la necesidad de discriminar al corrupto como sanción social, y no de celebrar su condición de “vivo”.
 La afirmación de Henao ocurrió en el foro Desafíos de transparencia en la administración pública, organizado por LA PATRIA el jueves, y en el que también participaron Claire Launay, de Transparencia por Colombia; Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República; Tatiana Velásquez, directora de La Contratopedia Caribe; Yamile Uribe, jefe de la Oficina de Gobierno Abierto de Caldas, y Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas. Allí también se habló de los problemas estructurales y culturales de la corrupción en el país y de lo que se hace desde algunas instancias para enfrentarse a ese monstruo de mil cabezas.
 Las evidencias de que es un problema de alto calado están en cifras de la Procuraduría General de la Nación, según las cuales desde que comenzó la pandemia en marzo y hasta octubre iban 837 registros con inicio de actuación disciplinaria, que comprenden 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 concejos municipales. Hay de todo: sobrecostos, direccionamiento contractual, cubrimiento de favores políticos, pagos a financiadores de campañas o uso de recursos para objetos innecesarios. La figura de urgencia manifiesta que se usa en casos de emergencia ha ayudado a los corruptos a tener mejores resultados en sus actos sin escrúpulos.
 La inoperancia de las contralorías regionales, que generalmente están cooptadas por fuerzas políticas locales que arman redes de corrupción, lleva a que gran cantidad de procesos que se abren terminen sin responsables, pese a la evidencia de los recursos comprometidos. Todos los panelistas coincidieron en señalar la gravedad del problema, y la urgencia de establecer mecanismos más efectivos que pongan a disposición de los ciudadanos más y mejor información acerca del uso de los recursos públicos, de tal manera que haya una mejor vigilancia y evitar que se sigan robando el erario.
 Hay que destacar que Caldas cuente con la Oficina de Gobierno Abierto que, si bien todavía puede mejorar mucho en hacer más transparente todo el ejercicio de la administración departamental, está bastante comprometida con hallar mecanismos que les facilite a los ciudadanos y a los medios el acceso a gran parte de información que antes estaba oculta. Es cierto que nos hemos habituado a la corrupción, pero hay formas de ganarle la batalla, y en eso el compromiso ciudadano por la denuncia y el castigo político a quienes se lucran sin vergüenza de los recursos públicos tiene que ser palpable.
 
Esperamos que el nuevo proyecto de ley por la transparencia que impulsa el Gobierno Nacional tenga dientes y logre salir adelante en el Congreso de la República, donde las mayorías hunden siempre todo aquello que vaya en contra de sus privilegios perversos. Hay que celebrar el  compromiso del gobernador Velásquez con esta causa, y que ojalá compartan todos los mandatarios municipales.