Las amenazas de muerte a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor de la despenalización del aborto en Colombia hasta las 24 semanas de gestación es una situación que tiene que ser rechazada con toda energía por todos los colombianos que creemos en la democracia, en la división de poderes y en que los delincuentes no pueden tratar de desestabilizar el país haciendo gala de un falso moralismo.
 El panfleto de la organización paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital que les hicieron llegar a los magistrados de ese alto tribunal es verdaderamente aterrador, y evidencia la existencia de expresiones de violencia que creíamos se habían disuelto o habían menguado su actuar, y que la sociedad colombiana no puede permitir que reaparezcan haciendo estragos contra el Estado de Derecho y las instituciones nacionales.
 Es el momento de salir a proteger a la Corte Constitucional y la naturaleza básica del disenso que puede darse en su interior, al ser una institución democrática, y que desde los demás poderes se les dé las garantías necesarias a los magistrados amenazados y a sus familias. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus decisiones, tenemos el deber democrático y ético de evitar que puedan ser víctimas que cualquier agresión.
 Es necesario volver a explicar que, con su decisión, la Corte no autorizó el aborto en el país, lo que hizo fue considerar que solo es delito si ocurre después de la semana 24 de gestación, si se da por fuera de las tres causales que ya están autorizadas desde el 2006, las cuales son violación o incesto, riesgo para la vida de la madre o malformación del feto. Es una decisión tomada en derecho, que para muchos protege la vida de las madres y les da autonomía para decidir sobre su embarazo, sin tener que acudir a procedimientos ilegales y sin condiciones higiénicas que resultan en extremo peligrosas.
 No deja de ser paradójico que sea una organización asesina la que pretenda ahora defender la vida de los niños. Amenazar a unos magistrados por haber tomado una decisión, cualquiera que sea, que no se ajusta a determinadas pretensiones es inaceptable. La sociedad debe reflexionar profundamente acerca de este hecho y, en medio de los acalorados debates y las posiciones contrarias, entender que las únicas armas legítimas que pueden elevarse para controvertir son los argumentos. Se equivocan gravemente quienes pretenden cambiar el rumbo de las determinaciones democráticas haciendo uso de intimidaciones como estas.

Pretender atentar contra uno de los poderes del Estado por no estar de acuerdo con una decisión es propio de quienes a través de la fuerza y de la violencia quieren imponer un sistema que está lejos de los principios de convivencias democráticos. Esto requiere que otras instituciones del Estado reaccionen identificando a los autores del panfleto y llevándolos ante la justicia para que paguen por sus crímenes.