Después de tres intentos, desde el 2019, de nuevo la firma mexicana Fypasa Construcciones S.A CV es la única compañía que llega hasta la etapa final del proceso de licitación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, PTAR, en el sector Los Cámbulos de Manizales. A finales del 2019, cuando concluía su gobierno el exalcalde Octavio Cardona, el alcalde electo Carlos Mario Marín solicitó aplazar el proceso debido a que consideraba en contra de la pluralidad y la transparencia que no se tuvieran más opciones para escoger.
En dos intentos más, en los que se hicieron ajustes a los requerimientos de la banca alemana KFW que financiará la obra, los resultados fueron similares, y todo indica que si vuelve a aplazarse podría ocurrir algo parecido. El único efecto que se ha tenido durante este tiempo es que el proyecto cuesta ahora $37 mil millones más que hace dos años, por lo que sería absurdo seguir dilatando una toma de decisión. Lo que se requiere es que cuando antes empiecen las obras de construcción y que muy pronto empiecen a ser descontaminadas las aguas del río Chinchiná.
Al observar la historia de la empresa mexicana mencionada (ha construido 68 plantas y 43 potabilizadoras en América Latina), se observa que tiene sin duda una larga experiencia en la ejecución de esta clase de proyectos, por lo que no estamos frente a una compañía que vendría a improvisar con esas obras. Lo que debe hacerse en este caso es adjudicar el contrato y, de manera paralela, conformar una sólida veeduría que haga un seguimiento permanente al desarrollo de la construcción, y de esa manera garantizar que no solo se cumplan los cronogramas sino también la calidad en las ejecuciones.
Está previsto que el concepto del comité evaluador remitido por el Ministerio de Vivienda a la Banca Alemana KFW, reciba una respuesta de No objeción, y de esa manera se pueda proceder a la publicación del resultado el 6 de octubre próximo y la posterior adjudicación oficial el 19 de octubre, para proceder luego, el 9 de noviembre, a suscribir el contrato, que alcanzará un valor cercano a los $140 mil millones (el 47,26% de los recursos los aporta el Gobierno Nacional). Confiamos en que no surjan nuevos tropiezos y que más temprano que tarde comiencen las obras, porque, además, no hacerlo podría poner en riesgo los aportes del Gobierno Nacional.
Lo cierto es que, si bien hubo precipitud del alcalde Marín al exigir sin muchas bases, hace dos años, que se suspendiera el proceso de licitación que impulsaba la administración del saliente alcalde Cardona, por supuestos problemas de transparencia, seguir aplazando no solo representaría un incremento en los costos, sino que el propósito que se persigue por el proyecto de la PTAR seguiría sin resolverse.
Desde hace mucho tiempo se advierte acerca de los problemas ambientales en la cuenca del río Chinchiná, debido a los vertimientos industriales y a que las aguas negras, en general, de Manizales y Villamaría contaminan ese afluente, y que es urgente aplicar los correctivos. Dilatar más este proceso también significaría seguir aplazando la labor de descontaminación de esas aguas a la que apunta el proyecto.